Recuerdan que el Código Orgánico Procesal Penal establece que la administración de justicia penal no puede interrumpirse
La organización no gubernamental, Justicia Venezolana, denunció que 260 presos políticos militares en el país están es grave riesgo de contraer la COVID-19 en las cárceles y recintos policiales a nivel nacional.
«El Poder Judicial venezolano, desde la detección de la pandemia a mediados de marzo, ha mantenido paralizado el servicio de administración de justicia penal, manteniendo tribunales cerrados salvo para casos urgentes», advirtió el abogado y director de la organización, Yonathan Mustiola.
Agrega que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que el servicio de administración de justicia penal en u a función permanente del Estado y que no puede interrumpirse por vacaciones judiciales o cualquier otra medida que afecte el cumplimiento de los lapsos legales.
El portavoz de Justicia Venezolana hizo eco de las exigencias de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU; así como del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; quienes han manifestado públicamente la necesidad de liberar a presos políticos para evitar el contagio de la pandemia.
