Según el abogado defensor, Cabo Verde no puede permitir esta vocación expansiva para conseguir fines políticos utilizando mecanismos de persecución jurídica
Estados Unidos «instrumenta» por motivos políticos y electorales la extradición del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y detenido en Cabo Verde a petición de Washington, denunció el exjuez español Baltasar Garzón.
Saab, de 48 años, fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Ámilcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos, cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Luego de la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde.
«Se está instrumentando por parte de EEUU a la jurisdicción caboverdiana para conseguir un objetivo político en su guerra particular, su guerra económica y guerra jurídica, contra Venezuela y todos sus altos responsables», aseguró Garzón, miembro del equipo de abogados de Saab, en declaraciones a la radio estatal caboverdiana RCV este jueves.
Cabo Verde «no puede permitir esta vocación expansiva para conseguir fines políticos utilizando mecanismos de persecución jurídica», subrayó el exmagistrado, al señalar que «los hechos que se le imputan (al empresario) son claramente inconsistentes».
De momento, el Gobierno de este país insular de África occidental y el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla norteña de San Vicente y en el que recae la decisión final, han aprobado la extradición del presunto testaferro.
Sin embargo, Garzón confirmó que la resolución del tribunal, emitida este 31 de julio, va a ser «recurrida en apelación» ante el Supremo Tribunal de Justicia caboverdiano «presentándose ese recurso de forma inmediata».
«Ahí -explicó- volvemos a plantear seriamente el carácter político de este caso, la necesidad de que las autoridades judiciales de Cabo Verde entren a fondo en la realidad».
«Yo sé -prosiguió- que es difícil comprender la magnitud de la confrontación de EEUU contra Venezuela, pero aquí está en juego la vida y la libertad de una persona a la que, de momento, no se ha demostrado ni una sola de las acusaciones que EEUU le hace».
