Las organizaciones recordaron que a principios de junio, el Ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, y la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, firmaron un acuerdo para coordinar esfuerzos que buscan obtener financiación internacional
Diversas organizaciones pidieron este pasado martes al Secretario General de la ONU, António Guterres, y a los países miembros que presionen al Gobierno de Venezuela, para que permita el apoyo de agencias humanitarias internacionales para ayudar «a detener la propagación de la COVID-19» en la nación caribeña.
Human Rights Watch (HRW), los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins y Women’s Link Worldwide urgen a que los países miembros y los donantes apoyen para que llegue a Venezuela asistencia humanitaria «apolítica».
Según señalan estas organizaciones, a través de un comunicado difundido por HRW, la situación del país caribeño es «extrema» y ya «antes de la pandemia, el sistema de salud ya había colapsado», por lo que consideran que no está preparado para afrontar la crisis sanitaria actual.
El asunto se aborda en el marco de un evento especial de la ONU, organizado por las misiones permanentes de Alemania y la República Dominicana en Nueva York, titulado «Ayudar a Venezuela a enfrentar la emergencia humanitaria durante la pandemia de COVID-19».
«El precario sistema de salud venezolano, debilitado por años de abandono de la infraestructura, escasez de medicamentos e insumos y graves interrupciones del suministro de agua, no está en condiciones de prevenir la propagación de COVID-19, atender de manera segura a los pacientes con COVID-19 ni proteger a los trabajadores de la salud», manifestó Kathleen Page, médica y académica.
Page, miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkins y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la universidad, sostuvo que la precariedad que vive Venezuela no permite afrontar un reto como el de la pandemia por COVID-19.
Las organizaciones recordaron que a principios de junio, el ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, y la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, firmaron un acuerdo para coordinar esfuerzos que buscan obtener financiación internacional que refuerce la capacidad del país de responder a la pandemia.
Aunque recientemente se repartieron insumos en centros sanitarios, en el marco del acuerdo, todavía «debe implementarse en su totalidad y su implementación debe ser monitoreada por terceros independientes que se aseguren de que la asistencia llegue a los venezolanos que la necesitan», lo cual no se está efectuando.
«En los hospitales no hay los insumos básicos para prevenir infecciones y tratar enfermedades. Muchos tienen acceso intermitente al agua, enfrentan cortes habituales de energía eléctrica, y cuentan con escasos medicamentos, respiradores o equipos de protección para el personal médico y de enfermería», detalla la nota de HRW.
En opinión de las organizaciones participantes, la pandemia «ha exacerbado la emergencia preexistente, que se debe principalmente a medidas adoptadas por el Gobierno de Maduro».
«Las condiciones de pobreza y desnutrición en las que se encuentran muchísimos venezolanos generan un ámbito propicio para que se propaguen enfermedades infecciosas», agrega el documento.
HRW recuerda que las autoridades venezolanas han informado de 16.571 casos confirmados de COVID-19 y 151 muertes a consecuencia de la enfermedad, pero «la cifra real es seguramente mucho mayor, debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables, la falta de transparencia y la persecución de profesionales de la salud y periodistas que informan sobre el tema».
Según expertos de las diferentes organizaciones, las autoridades venezolanas «no deberían interferir en la distribución equitativa de asistencia y deben permitir que la ONU haga todo lo que está a su alcance para ayudar a la población venezolana».
«Eso implica otorgar a los trabajadores humanitarios pleno acceso a todos los hospitales y clínicas, permitir que circulen libremente por el país, pese a las restricciones relacionadas con la cuarentena y darles acceso prioritario al combustible, así como terminar con las represalias contra trabajadores de la salud que difunden información veraz sobre el COVID-19», subrayan.
