Los encuentros con sus familiares y abogados están suspendidos desde el 13 de marzo. Por el coronavirus, el Poder Judicial trabaja a un cuarto de máquina. Medidas cautelares o medida humanitaria solicita la abogada Lilia Camejo, directora de Justicia Venezolana. Son 256 uniformados en esta condición
No están enfermos, pero los presos políticos militares se enfrentan en Venezuela a dos consecuencias de la epidemia de COVID-19: la paralización del sistema de justicia y la suspensión de las visitas de sus familiares y abogados.
Lilia Camejo, directora de la organización Justicia Venezolana, detalló a contrapunto.com que están detenidos en tres cárceles militares, en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Son 256 uniformados.
Desde que se reportó oficialmente el coronavirus en Venezuela “quedaron suspendidas las visitas en los recintos carcelarios y en las policías políticas del país”. Es decir, que desde el 13 de marzo los militares detenidos “están sin visita de familia ni abogados” y no les permiten hacer siquiera un llamado.
“Viene deteriorándose su estado de salud” y no han sido llevados a centros asistenciales aunque lo requieren.
Justicia Venezolana le solicita al equipo de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que su equipo en Caracas “vaya a los diferentes sitios de reclusión y constate las denuncias que los familiares vienen haciendo sobre el estado en que se encuentran estos militares institucionales privados de libertad” y corrobore las denuncias. También, que puedan “establecer un canal de solución”.
“Más que dar una recomendación debe buscarse la solución”, insiste. “Es bien recibido el informe y se agradece el trabajo que ellas vienen haciendo en el país, pero se necesita la solución; una solución efectiva, real, práctica” para que los militares “tengan una mejor condición”.
Camejo reiteró su solicitud para que a los presos políticos militares se les concedan medidas cautelares sustitutivas de libertad; en otras palabras, “que sean enviados a sus casas para que puedan seguir afrontando este proceso penal en libertad”.
Para la defensa no hay pruebas suficientes que justifiquen la detención de los militares. “Son militares valiosos para la República, muchos de ellos eran los número 1 de sus promociones. Son oficiales en los que el Estado invirtió una cantidad considerable de recursos en su preparación, tanto en Venezuela como en el extranjero, y ahora se encuentran en estado de salud deplorable. No es justo para ellos ni para sus familiares”.
La reactivación del Poder Judicial depende del TSJ, instancia que resolvió la paralización parcial del sistema de justicia. “Debe buscar la solución y la reactivación del Poder Judicial en una mayor cantidad de tribunales, y que se abran los lapsos y se reorganicen las audiencias”.
Reanudar los juicios depende de los tribunales que llevan las causas, subraya. También está sujeta a estos tribunales la medida humanitaria que se pueda acordar “y que sigan con su proceso desde su casa”.
