El Comisionado Presidencial para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designado por Juan Guaidó, afirmó que la nueva actualización evidencia que el gobierno de Maduro usa la tortura como política de Estado y desconoce el proceso fraudulento que quiere ejecutar el régimen para usurpar funciones de la Asamblea Nacional
“Venezuela nuevamente está en el centro de la discusión en el Consejo de DD.HH. que le da una nueva dimensión de gravedad a lo que está ocurriendo en el país y deja muy claro que Venezuela no será una crisis olvidada, sino que sigue cobrando importancia”, dijo Pizarro durante un encuentro con la prensa llevado a cabo este jueves.
Pizarro destacó que en esta nueva actualización del informe Bachelet, “la Alta Comisionada afirma que entre el 1 de enero y el 31 de mayo murieron violentamente 1324 personas en el marco de operaciones de seguridad, bajo responsabilidad de la FAES, CICPC, GNB y policías estatales entre la que destaca la Policía del Estado Zulia con 124 muertes bajo su comando”.
En relación del tema económico, describió que “la oficina de Bachelet en Venezuela afirma que el salario mínimo en Venezuela es de 2.8 dólares al mes y que solamente es capaz de cubrir el 1.8 % de la canasta básica de alimentos”.
Con respecto a la represión que ejecuta el gobierno de Maduro, especificó que en este periodo de tiempo se registraron “110 personas procesadas penalmente por delitos como traición, rebelión, incitación publica, coonspiración, intento de magnicidio, terrorismo o financiación de actividades terroristas. Estas personas han sido sometidas a desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos, tortura. Hoy en Venezuela queda claro que la tortura es una política de estado, que se ampara y se protege bajo la figura de la inteligencia y contrainteligencia”.
“Sobre el hacinamiento carcelario habla de más de 200 % de hacinamiento, de niveles de violencia, malnutrición, falta de acceso al agua, falta de acceso a la asistencia sanitaria”, acotó.
Pizarro resaltó que la actualización del informe Bachelet “también habla del patrón permanente de detenciones ilegales, arbitrarías, violaciones a las garantías procesales. Así como toda la persecución que hay en contra de los políticos, en contra de activistas de DD.HH. y dirigencia sindical”.
“En esta actualización también se habla de la persecución a las instituciones democráticas en Venezuela. Se incorpora el termino, espacio democrático, donde se habla del asedio militar a la AN el 5 de enero, el intento de convertir a organización partidistas en terroristas a través de la judicialización, persecución contra diputados”, indicó Pizarro.
De igual manera, aprovechó para resaltar el desconocimiento expresado por la Alta Comisionada ante El fraude electoral que a su juicio pretenden realizar desde el gobierno de Maduro.
“Las recientes decisiones del TSJ disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos, estas autoridades nombran nuevos rectos del CNE sin consenso de las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de los principales partidos políticos de la oposición”, señaló Bachelet en el informe actualizado este jueves.
