Los abogados de los equipos de Maduro y Guaidó plantearon en la sesión de este miércoles sus argumentos sobre la «justiciabilidad» de la Junta Directiva «ad hoc» designada por el líder opositor
El Tribunal Superior Británico debe sopesar si tiene potestad para examinar la validez legal de los nombramientos hechos por Juan Guaidó, como parte de un juicio para dirimir si en Venezuela es la Administración de Nicolás Maduro o la «ad hoc» del líder opositor la que puede acceder a las reservas de oro venezolano, depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE).
En la sesión de este miércoles ante el Juez, Nigel Teare, de la división Comercial y de Propiedad, planteó sus argumentos sobre esta cuestión de «justiciabilidad» Andrew Fulton, el abogado de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Guaidó y de su Procurador Especial, José Ignacio Hernández.
Por la otra parte, Nick Vineall representó a la junta del BCV nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, que alega que no es válida la directiva «ad hoc» del Banco Central venezolano colocada por su rival, que fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.
Una vez establezca qué junta es la legítima, la Corte podrá avanzar en la demanda presentada en mayo contra el BoE por Ortega, que acusa al banco británico de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra el COVID-19 en Venezuela.
Para decidir qué directiva del BCV tiene autoridad sobre el oro, el Juez debe determinar primero a qué político el Gobierno del Reino Unido acepta verdaderamente como líder de Venezuela: a Guaidó, a quien el 4 de febrero de 2019 reconoció en un comunicado como «presidente constitucional interino», o a Maduro, con cuyo Ejecutivo mantiene relaciones diplomáticas.
Al tiempo que decide esto, debe pronunciarse también sobre si, llegado el caso, tiene competencias para examinar la validez de los nombramientos realizados por Guaidó para la junta del BCV con base a la legislación venezolana (es decir, si esto es «justiciable»), puesto que la otra parte los disputa.
La posición de Fulton es que el Tribunal debe concluir que el Gobierno británico reconoce a Guaidó como Presidente de Venezuela y, en consecuencia, «aceptar sin cuestionar», como «acto soberano de un Estado foráneo», sus cargos de Procurador Especial y a la junta del BCV, ignorando el dictamen del Supremo venezolano.
Vineall, por su parte, sostiene que el Ejecutivo de Londres trata «a todos los efectos» con el Gobierno de Maduro y es su junta del BCV la que está legitimada para gestionar el oro, y pide al Juez que tenga en cuenta el dictamen del Supremo de Caracas, desfavorable a Guaidó.
Este abogado dice que, incluso si el Magistrado concluye que el Reino Unido reconoce a Guaidó, la validez de sus nombramientos «es justiciable», es decir, debe poder ser sometida a escrutinio por la Corte londinense, dado que el objeto de la disputa es un oro «depositado en jurisdicción británica».
Vineall tildó este miércoles de «alarmante y arrogante» que Fulton sostenga que el Tribunal británico debe dar por buenos los actos de Guaidó, sin considerar su legitimidad y permitirle sin más el acceso a activos del Estado de Venezuela.
Al igual que este miércoles, la sesión de mañana de este proceso se dedicará a analizar el complejo asunto de la justiciabilidad, después de que el pasado lunes y el martes los abogados se centraran en demostrar a qué político reconoce el Reino Unido como dirigente de Venezuela.
Al término de la jornada de este jueves, el Juez se retirará a deliberar sobre la dos cuestiones dirimidas en estos cuatro días (reconocimiento y justiciabilidad), si bien no se espera que emita un dictamen de forma inmediata.
El conjunto del proceso, incluida la demanda contra el Banco de Inglaterra, se alargará un tiempo, debido a sus ramificaciones y al precedente que sienta en el Reino Unido.
