«Cabo Verde no tiene un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos, pero está vinculado a las convenciones de las Naciones Unidas que le obligan a cumplir con la solicitud, si se hace», explicó el Procurador General caboverdiano
La Justicia de Cabo Verde decretó este domingo prisión preventiva para el empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el Procurador General de este país insular de África occidental, José Landim.
Saab, detenido el pasado viernes en Cabo Verde en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de la Interpol por delitos de blanqueo de dinero, tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra esa medida coercitiva ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Cabo Verde, explicó Landim.
A la espera de saber si apela el empresario y, «de acuerdo con la legislación de Cabo Verde, los Estados Unidos ahora tienen 18 días (a partir del este pasado domingo) para presentar una solicitud de extradición», señaló el Procurador General de la República.
«Cabo Verde -prosiguió- no tiene un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos, pero está vinculado a las convenciones de las Naciones Unidas que le obligan a cumplir con la solicitud, si se hace».
ALERTA ROJA DE INTERPOL
Saab fue detenido en virtud de una alerta roja de la Interpol, la notificación más urgente y vinculante que puede emitir un país miembro de la organización policial internacional, lo que puede facilitar este proceso, argumentó el Procurador.
La solicitud de extradición, pues, debe hacerse dentro de los 18 días que empiezan a contar desde ayer, aunque ese plazo puede extenderse hasta 40 días en caso de fuerza mayor.
Sin embargo, matizó Landim, todo depende de si la defensa de Álex Saab apela ante el TSJ, lo que «cambia automáticamente los plazos judiciales» del proceso.
El funcionario remarcó que, respecto a una eventual extradición, «nada está garantizado», pues la solicitud puede ser denegada por los tribunales de Cabo Verde, que ya han actuado así en el pasado en respuesta a solicitudes de otros países, especialmente europeos.
El empresario colombiano se encuentra actualmente bajo custodia de la Policía Judicial en Sal (una de las islas del archipiélago caboverdiano), donde el Tribunal de Distrito local (primera instancia) validó su arresto, autorizado por el Tribunal de Apelación (segunda instancia) de la isla de San Vicente.
Saab será transferido a San Vicente, tan pronto se levanten las restricciones de viaje entre las islas impuestas por la pandemia de la COVID-19, que ha causado en este país, de momento, 750 contagios, 6 muertes y 301 recuperaciones.
El presunto testaferro de Maduro fue arrestado el pasado viernes por la noche en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de Sal (el más importante de Cabo Verde), precisó este sábado a Efe una fuente próxima al Gobierno caboverdiano.
Saab, de 48 años, viajaba en un avión privado que solicitó autorización para poder aterrizar en con el objetivo de repostar combustible, indicó la fuente, que rehusó precisar la procedencia y el destino final de la aeronave.
SUPUESTO BLANQUEO DE 350 MILLONES DE DÓLARES
Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega, le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad de Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas, Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro de alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro, al parecer, se lucraron con «cientos de millones de dólares».
Las autoridades de EEUU también presentaron cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la justicia el 26 de agosto del año pasado.
El anuncio de su detención se produjo después de que el pasado día 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles que «harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Naín Saab Morán, a través de operaciones financieras irregulares».
Según esa institución, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están ubicados en Barranquilla.
