Carlos Aquino, ex miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, nos describe el escenario económico adverso que genera el descontento popular debido al bajo poder compra de los sectores populares
Este 15 de mayo, los trabajadores recibieron su primera quincena con el pírrico aumento de salario decretado por el Gobierno nacional a finales de abril (que pasó de Bs 200.000 a Bs 400.000, por concepto de salario mínimo y pensiones; y de Bs 400.000 a Bs 800.000, de ingreso mínimo mensual para los trabajadores activos, sumándole el bono de alimentación). Es decir que, durante las dos pasadas semanas, correspondió ir al mercado con el salario anterior.
Algunos voceros chavistas, defensores y justificadores acérrimos de cualquier cosa que haga su Gobierno –como los constituyentes Francisco Torrealba y Carlos López, dirigentes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST)–, con el mayor descaro, cuando se les increpa que el salario mínimo no alcanza para nada, afirman que «el salario mínimo es una referencia para que el patrono ponga un salario superior, nunca ha sido suficiente», y aducen que «hay políticas de protección social establecidas por el Gobierno, como las cajas CLAP», que no llegan a toda la población.
Personajes de este nivel, que tanto dicen defender «la mejor Constitución del mundo», pareciera que se les olvida que el artículo 91 de la Carta Magna establece: «Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales […]», el cual «se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal», y que el denominado «salario mínimo vital» se actualizará «tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica».
El pasado 27 de abril, con pomposa antesala, el Ejecutivo anunció la firma de «precios acordados» con empresarios, para 27 productos alimenticios. Desde entonces, esta lista ya ha sufrido dos «ajustes», el 7 y el 12 de mayo.
Estos «Precios máximos de venta al público», que han sido dados a conocer oficialmente por el Gobierno, se muestran expresados en bolívares y en petros, pero no en dólares. Nos guste o no, las transacciones en los comercios se realizan en bolívares y en dólares (generalmente a la «tasa paralela»), y nada o casi nada en el ficticio petro.
De hecho, el Ministerio de Comercio Nacional ha publicado por diversos medios que «exige a comerciantes establecer precios con tasa cambiaria oficial del BCV», y la ministra Eneida Laya, declaró que están fiscalizando «los establecimientos comerciales para verificar que los precios que tienen, están en consonancia con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, si ellos cumplen con esa referencia y los precios son los correctos, no hay ningún problema».
Si se hace un rápido ejercicio –que cualquiera puede también realizar en su casa o trabajo–, por ejemplo, acerca de la compra más básica de alimentos para un mes que un trabajador activo (sin pareja, hijos o familiares a su cargo) haría con estos «precios acordados», se evidencia que debe gastar alrededor de Bs 8.512.426,79 o 47,54 dólares (a la tasa oficial del BCV), es decir, 10,6 veces más que el ingreso mínimo (Bs 800.000 o $4,47).
Y esto sin tomar en cuenta verduras, aliños, frutas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar, condominio (si vive en apartamento), vestido, medicina o pasajes. Si además agregamos las graves deficiencias, sobre todo en el interior del país, en los servicios de electricidad, agua y gas doméstico, ¿cómo se va a extrañar el Gobierno de que en distintas ciudades estén germinando protestas populares?
Junto a la reivindicación de los irrenunciables derechos al desarrollo productivo soberano y a la autodeterminación del pueblo venezolano, los comunistas debemos incrementar nuestras labores de concientización y organización del pueblo trabajador, para que no se produzca una reedición del 27 de febrero de 1989, es decir, una explosión social sin objetivos revolucionarios, de meros saqueos para saciar el hambre y la indignación; sino la rebelión obrero-popular que desplace del poder a todos los sectores de la burguesía, e inicie la genuina liberación de la patria, la revolución socialista.
