Las más afectadas son las víctimas de violaciones de derechos humanos, enfatiza Marino Alvarado
El gobierno de Nicolás Maduro no permitió el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que debía llegar a Venezuela este fin de semana. Cabe destacar que la invitación la hizo Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.
Si «se niega la visita los que realmente pierden son las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los sectores más vulnerables de la población son los que vienen siendo perjudicados por ese empeño en negar que la Comisión ingrese a Venezuela y serán de nuevo afectados», advirtió Marino Alvarado, activista de derechos humanos (DDHH).
En un artículo de opinión publicado en el diario El Universal este jueves 30 de enero, Alvarado enfatizó que en estas visitas «se reúne con organizaciones sociales, víctimas, funcionarios públicos, académicos. Conoce el contexto general y se entera de casos expuestos por las víctimas».
Estas visitas son, para las víctimas, «una gran oportunidad de exponer directamente ante los comisionados sus casos, informar cómo ocurrieron los hechos y el nivel de las investigaciones». La Comisión «toma nota de los casos y orienta a las víctimas. En oportunidades informa a las víctimas cómo van los casos que han sido presentados ante esa instancia».
El pasado 8 de enero, en una carta enviada a Gustavo Tarre Briceño, embajador de Juan Guaidó ante la OEA, se confirmó la visita de la CIDH en los primeros días de febrero.
El 28 de enero el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de Guaidó, Juan Pablo Guanipa, confirmó la visita.
La abogada Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), advirtió -en un trabajo especial publicado por Amnistía Internacional- que negar el ingreso de la CIDH sería reiterar que el Estado venezolano no tiene la voluntad de cooperar con los organismos internacionales, específicamente de derechos humanos, lo cual va en detrimento de las víctimas.
Con esto, señaló Borges, no solamente se evidenciará ante el mundo la forma que actúa el gobierno, sino que además le dará pie a la Comisión de seguir avanzando en otros mecanismos de monitoreo que tiene voluntad de llevar a cabo por la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
