Desde el motín del martes, los funcionarios solo han realizado un solo traslado de aproximadamente cien reclusos a Yare III, según información de familiares, quienes calculan que en Zona 7 hay más de mil privados de libertad
Ingrid Jaimes llegó el martes el 3 de septiembre en horas del mediodía para la visita de su esposo y su hijo quienes están privados de libertad en los calabozos de la sede la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocido como Zona 7, desde el cual se formó un motín que dejó dos reclusos fallecidos.
Ese día, a Ingrid y a su hija, quien la acompañaba, les tocó quedarse a dormir allí, y permanecer hasta la noche del miércoles, debido a la revuelta, que comenzó en horas de la tarde, presuntamente porque los reclusos exigían ser trasladados. Durante la noche Ingrid y su hija vieron como ingresaban a Zona 7 numerosos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Este jueves 5 de septiembre acudió nuevamente para llevar comida y agua, lo único que permiten ingresar los funcionarios. Ingrid llegó después del mediodía porque el día anterior le advirtieron a ella y al resto de familiares que, aunque «la situación está normalizada», aún no van a permitir visitas.
Un funcionario de apellido Duque le confirmó al grupo que permanecía desde el martes a las afueras de Zona 7, que 147 privados de libertad iban a ser trasladados a Yare III. Ingrid calcula que solo trasladaron 100, entre los que no iban sus familiares. Lo que pudo constatar en el listado que mostraron los PNB previamente.
Ingrid, quien es vendedora informar de productos de limpieza, denuncia que los familiares tienen que pagar para todo; para que los funcionarios les permitan ingresar comida deben pagar 3 mil bolívares, si no quieren hacer la cola y pasar directo son 10 mil bolívares y así para cualquier «favor».
«Ellos perdieron todo durante la requisa, no los golpearon pero les botaron sus pocas pertenencias. A nosotros aquí afuera nos echaron gas lacrimógeno y perdigones hasta movernos a una cuadra más abajo», contó otra familiar que prefirió no identificarse. También aprovechó para denunciar que allí dentro, antes de los traslados, había más de mil reclusos en estado de hacinamiento, muchos, enfermos de tuberculosis, escabiosis y neumonía.
Ambas solicitan que sus parientes sean traslados debido a las condiciones de insalubridad y de hacinamiento dentro de la sede de la PNB en Boleíta, que originalmente es un centro de reclusión preventiva y no un penal para cumplir sentencia.
En el caso de Ingrid, su esposo tiene como penal asignado Yare III y desde julio está esperando por el traslado, en el caso de su hijo, con cinco meses recluido en Zona 7, no ha sido presentado aún ante tribunales. Ella mantiene la versión de que ambos se encuentran presos porque las FAES «los sembró».
