Esas práctica permitiría a las empresas segmentar el mercado, máxime cuando los juegos son generalmente menos caros en los países del este de Europa
El grupo estadounidense Valve, propietario de la plataforma de distribución de videojuegos Steam, se encuentra en la mira de la Comisión Europea (CE), que sospecha de prácticas contrarias a la competencia que perjudican a los consumidores europeos, anunció este viernes Bruselas.
La Comisión envió un «pliego de cargos» a Valve, así como a otros cinco desarrolladores de videojuegos que trabajan con Steam: los japoneses Bandai Namco y Capcom, el francés Focus Home, el alemán Koch Media y el estadounidense ZeniMax.
Las sospechas de Bruselas se centran en los acuerdos bilaterales que habrían firmado Valve y los otros cinco desarrolladores para «impedir a los consumidores comprar y utilizar sus videojuegos para PC adquiridos en un país diferente al de su residencia».
«En un verdadero mercado único digital, los consumidores europeos deberían tener derecho a comprar y jugar a los videojuegos de su elección, independientemente del país de la UE en el que vivan», aseguró la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
Las seis empresas tiene ahora la posibilidad de «responder a las preocupaciones» del ejecutivo comunitario, que abrió su investigación sobre cártel y abuso de posición dominante en 2017.
Steam, creada en 2003 por Valve, está considerada como la plataforma de distribución de videojuegos más importante, con millones de usuarios en el mundo.
En el mercado europeo, la Comisión sospecha que las «claves de activación», que los usuarios deben introducir en el sitio web de Steam para confirmar que la copia del juego adquirido no es pirata, pueden haber sido utilizadas «con fines de bloqueo geográfico».
Esta práctica permitiría a las empresas segmentar el mercado, máxime cuando los juegos son generalmente menos caros en los países del este de Europa que en los occidentales.
Si las respuestas de las empresas no logran convencer a la Comisión, esta puede imponerles una multa que podría alcanzar el 10% de su volumen de negocios anual a nivel mundial.
