Las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad en los calabozos policiales de Venezuela son inhumanas. Estos espacios, concebidos como centros de detención preventiva, no cuentan con la infraestructura ni con las condiciones necesarias para mantener a una persona recluida durante largos períodos.
Algo tan cotidiano como el aseo diario también está limitado y los presos solo pueden bañarse una vez a la semana. Este es el caso de aproximadamente 120 personas que se encuentran detenidas en los calabozos de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicados en la parroquia San Agustín de Caracas.
Familiares de los detenidos conversaron con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se presente un brote de escabiosis en estos calabozos policiales, pues la falta de aseo entre los reclusos pudiera generar enfermedades en la piel, algunas de ellas contagiosas.
Los presos están distribuidos en cinco calabozos. Uno de ellos está destinado exclusivamente a funcionarios detenidos y allí se encuentran al menos 30 hombres, mientras que los otros 90 permanecen distribuidos en cuatro celdas que, según la información recabada, no tienen capacidad para albergar a más de diez personas cada una.
“Las celdas no tienen acceso a un baño para bañarse. Los policías los dejan salir solo una vez a la semana para asearse, sus necesidades las hacen en un hueco dentro de la celda y allí mismo duermen. Entonces, esos olores, más la falta de higiene, los están enfermando”, relató uno de los familiares al OVP.
Asimismo, explicó que semanalmente les solicitan a los familiares desinfectante o dinero para comprar los insumos necesarios para la limpieza.
Como si esto fuera poco, los privados de libertad tampoco tienen acceso al sol ni son sacados de sus celdas, salvo los días en que reciben visitas. Estas pueden realizarse tres veces a la semana, pero por cada visita deben cancelar al menos dos dólares y, en caso de no contar con el dinero, no pueden ingresar, por lo que muchos familiares acuden apenas una vez a la semana. Además, el contacto con el detenido dura solo media hora.
“Dentro del DIP hay muchos privados a los que los familiares no les están llevando comida, por lo que entre ellos se deben compartir”, relató una de las madres entrevistadas.
Desde el OVP hemos documentado cómo los calabozos policiales se han convertido en cárceles paralelas y hemos denunciado reiteradamente que esta situación contraviene las leyes venezolanas, pues las personas privadas de libertad no pueden permanecer más de 48 horas detenidas en los centros de detención preventiva.
Mantener personas detenidas en comandancias policiales significa que los presos no pueden optar a redenciones de pena mediante el trabajo o el estudio, participar en actividades culturales o deportivas, tener acceso a visitas conyugales y, además, sus encuentros con familiares son limitados.
Esta situación también representa un problema para los funcionarios policiales, quienes no están formados para el cuidado de personas privadas de libertad ni cuentan con un presupuesto destinado a su alimentación.
Si es necesario realizar algún arreglo en los calabozos, debe salir de su presupuesto. Tampoco disponen de vehículos para los traslados a tribunales y, al mismo tiempo, la custodia de los detenidos reduce su presencia y capacidad operativa en las calles.
La permanencia de personas privadas de libertad en los calabozos policiales del país, sometidas a un hacinamiento crítico, falta de higiene y condiciones que vulneran su dignidad, se ha convertido en una violación sistemática de sus derechos humanos.
Es por ellos que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigimos poner fin al uso de los calabozos policiales como cárceles permanentes y garantizar el traslado de las personas privadas de libertad a centros adecuados, donde puedan acceder a condiciones dignas de reclusión y a los derechos que les corresponden.
Los calabozos policiales no son cárceles y no pueden seguir funcionando como tales. Mantener durante meses o años a personas en espacios concebidos para una permanencia temporal perpetúa un sistema de reclusión que vulnera sus derechos y también desnaturaliza la función de los cuerpos policiales.
