El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la detención e imputación de dos fiscales en ejercicio del estado Carabobo por su presunta vinculación directa con una red de extorsión liderada por el abogado Rafael Reyna, actualmente privado de libertad en Caracas.
Los funcionarios Pedro Amaya, Fiscal Provisorio, y Freddy Franco, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Primera de Carabobo, fueron privados de libertad tras la emisión de la orden de aprehensión correspondiente. Ambos enfrentan cargos por extorsión agravada, privación ilegítima de libertad, retraso u omisión intencional de funciones y asociación para delinquir, según detalló Saab.
Red de corrupción judicial
La investigación del Ministerio Público reveló que Amaya y Franco colaboraban activamente con Reyna, quien se hacía pasar por fiscal utilizando documentación falsa para exigir pagos a ciudadanos involucrados en procesos judiciales. El caso ha destapado una trama de corrupción que involucra a funcionarios reales del sistema judicial venezolano.
En un procedimiento anterior, también fueron imputados el exfiscal superior de Carabobo, Miguel José Durán Trejo, junto a diez exfiscales de la entidad: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángel Dorta Sivira.
A estos exfuncionarios se les atribuyen delitos como obstrucción a la administración de justicia, uso indebido de información reservada, retraso u omisión intencional de funciones agravada, asociación para delinquir y obtención de beneficios económicos indebidos como funcionarios públicos.
Lucha contra la corrupción institucional
El fiscal general reiteró que estas acciones forman parte de una política de depuración interna del Ministerio Público, orientada a erradicar prácticas corruptas y garantizar la transparencia en el ejercicio de la justicia.
“Nuestra gestión ha sido implacable en la lucha contra las desviaciones institucionales. No permitiremos que funcionarios que deben velar por la paz y los derechos humanos se conviertan en operadores del delito”, expresó Saab.
Hasta la fecha, más de 550 funcionarios del Ministerio Público han sido procesados por delitos vinculados a corrupción, y se han obtenido decenas de sentencias condenatorias en casos similares.
