Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea constituyente, habló desde la sede del Ministerio Público (MP) para el país y aseguró que «no tenemos absolutamente nada que ocultar» en relación a la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) a Venezuela.
Asimismo, aseguró que el MP considera que «no se cumplen los requisitos del estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la de investigación».
Informó que se ha entregado a la fiscalía de la Corte ocho informes que contienen más de «tres mil folios de información sobre las causas adelantadas por nuestros fiscales, a los fines de individualizar y procesar a los responsables de violaciones de derechos humanos (dd.hh)», dijo Saab y que lo que han recibido por parte de la CPI son solo «acuses de recibo, sin intercambio de información».
Complementariedad positiva
Aseguró que lejos de las conclusiones que, a su juicio, «por ignorancia profunda» y por «campañas», muchos sectores han llegado sobre la firma de este informe, aplaudió los acuerdos y destacó que es el momento de que se empiece a cumplir una «complementariedad positiva entre el Estado venezolano y esta instancia jurídica internacional».
«Complementariedad positiva a la que la fiscalía de la Corte deberá y es su obligación, cooperar activamente, acompañando al Estado venezolano para investigar y sancionar en todo lo que requiera», agregó Saab.
«La investigación se hará en Venezuela», repitió el fiscal afín a la administración de Nicolás Maduro.
Destacó que en el marco de las investigaciones, «le hemos informado a la fiscalía de la CPI sobre 780 causas que están bajo investigación por presuntas violaciones de dd.hh., tanto en las protestas de 2017, como en hechos posteriores».
«Desde nuestra llegada al MP han sido imputados 770 funcionarios de seguridad del estado, 40 civiles señalados por delitos de violación de dd.hh. Asimismo fueron privados de libertad 555 funcionarios de distintos órganos. Y han sido condenados más de 190 funcionarios de seguridad del estado. Se aproxima la cifra de casi 200 funcionarios condenados en relación a violaciones de derechos humanos.
Por último, destacó algunos objetivos alcanzados durante su gestión en el MP, como la creación de la «Oficina para la atención a las víctimas» y también recalcó que en el pasado, durante las décadas de los 70, 80 y 90, el sistema judicial venezolano no actuó en base a las violaciones de derechos humanos.
«En el marco de este memorándum, que saludamos, se demostrará que hemos avanzado de manera eficiente en la búsqueda de la justicia y la verdad para todas las victimas. Y si hay cosas en la cual debemos mejorar, este MP y el Estado venezolano está abierto a escuchar y considerar todas las recomendaciones en base a principios de la Complementariedad positiva».