La administración Maduro abrió la ventana para esta iniciativa, sin embargo, hay muchas cosas por definir
Con la llegada de las primeras vacunas Sputnik V, desde Miraflores se anunció que “gustaba la idea” de que el sector privado pudiera adquirir vacunas y sumarse a la estrategia para inmunizar a la población.
El pasado miércoles, Nicolás Maduro indicó que para “contrarrestar el bloqueo” está abierto a permitir que opere un sector privado para la inmunización contra la COVID-19 en Venezuela.
«Podría ser (…) en medio de la batalla contra las sanciones malo no sería», dijo Maduro en una rueda de prensa.
En este momento, la tarea está en manos de la Comisión Presidencial para la Prevención y Control de la COVID-19, que lidera su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que debe realizar un estudio junto al Ministerio de Salud para evaluar la posibilidad de permitir el mercado privado de vacunas.
Maduro ha denunciado varias veces que existen recursos bloqueados en Estados Unidos y en Europa, lo que a su juicio ha complicado la compra de vacunas para inmunizar a la población contra el nuevo coronavirus.
Esto ha llevado, incluso a la mediación de organizaciones multilaterales para solventar las contradicciones que se han generado a partir de la diatriba política.
Así pues, funcionarios de la administración Maduro y representantes del liderazgo opositor que encabeza Juan Guaidó se han sentado a negociar, para acordar la compra de vacunas y acceder al mecanismo Covax, una iniciativa de colaboración mundial que busca acelerar el desarrollo de tratamientos, pruebas y métodos de prevención de la COVID-19.
Al consultar con fuentes vinculadas con la medicina privada sobre este tema, nos conseguimos con que hasta los momentos el gobierno solo declaró que podría estudiar la posibilidad de adquisición de vacunas por el sector privado, cosa que Fedecámaras propuso en el documento que consignó ante la Asamblea Nacional electa en 2020.
Indican que este mecanismo sería relativamente sencillo y el trámite más importante a resolver sería el permiso sanitario, que según perciben podrá darse de forma “exprés” si es solicitado por alguna empresa que tenga los contactos y la venia del Ministerio de Salud.
En el mundo hay diferentes posiciones sobre la vacunación desde el sector privado. Por ejemplo, en México se llamó a los empresarios de la salud y los gobiernos descentralizados a sumarse a la vacunación. Sin embargo, en Perú, la posición ha sido distinta y esto queda reservado al Estado.
Al consultar sobre la razones que mueven a los gobiernos a optar por el sector privado indican que, el criterio primordial es la incapacidad del estado por cumplir con su obligación de vacunar.
El tema de los costos también entra en juego y se habla de que la vacuna rusa cuesta alrededor de 10 dólares, pero a esto habría que sumarle los costos vinculados con su llegada a la población.
El costo adicional, aparte del precio de compra de 10 dólares en algunos cálculos realizados, se debe agregar dependiendo del grupo, de un 15 a un 38% por todo lo demás que es inherente a los procesos para colocar la vacuna.
Para ello, se debe tomar en cuenta transporte en containers refrigerados, viáticos, combustible de vehículos tanto aéreos, terrestres y acuáticos, combustible de plantas eléctricas, papelería, bolígrafos, alcohol, jeringas y alimentación,entre otros.
Llaman la atención sobre los peligros de la compra en el mercado negro de vacunas, con el riesgo de adquirir dosis inactivas, que hayan perdido la cadena de frío o falsificaciones.
Finalmente,advierten sobre los peligros de corrupción en los sobreprecios que se pueden presentar tanto en el sector público como en el privado y que al final terminaría privando de una estrategia eficiente a la población toda, que tiene la necesidad de vacunarse.
