El espionaje por parte del oficialismo en Venezuela dejó de ser una especulación con los datos publicados por el informe de transparencia de Telefónica, corporación que arropa a Movistar. El gigante de telecomunicaciones reveló que en los últimos 4 años el gobierno ha solicitado “interceptar o ‘pinchar’ las llamadas, monitorear los mensajes de texto, dar la ubicación de los usuarios y el monitoreo de su tráfico de internet”. Solo en el año 2021 estas peticiones alcanzaron al 20% de los clientes, más de 1.584.547 usuarios venezolanos.

Habría que preguntarse qué motivó a Movistar a revelar esta información, que expone severas trasgresiones a la ley y al principio de libertad de expresión. Otra cuestión será conocer realmente la disposición de esta empresa de someterse a una investigación más afinada. ¿Podrán conocerse los nombres de los usuarios intervenidos? ¿Movistar cedió ante todas las peticiones, o puso algún tipo de resistencia?

El informe difundido por la ONG Ve Sin Filtro reveló además, que no se trata solo de espionaje, sino también de censura: 30 sitios web fueron bloqueados “por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones”, especialmente a portales de periodismo de investigación como Armando.info, Crónica Uno, El Pitazo, Efecto Cocuyo y Runrunes. No se trata de la primera vez que este tipo de censura es constatada, sin embargo, sí representa el primer precedente de un informe oficial publicado por una empresa privada de Telecomunicaciones en Venezuela.

Algo que sorprende de este caso es la poca resonancia que ha tenido en las instituciones venezolanas. Hasta ahora, ningún vocero del gobierno ni de la compañía Movistar en Venezuela ha reaccionado a las denuncias, y del lado de la oposición, no se ha manifestado la intención de explotar políticamente este caso por medio de una investigación.

Ante ello, podemos tener la certeza que para la administración de Nicolás Maduro este tipo de informes tienen un bajo costo político, precisamente por la sistemática campaña de censura a medios privados, y los niveles de desconexión de la población debido a la carencia de sistemas de Telecomunicaciones eficientes a nivel nacional.

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