Un sector de la oposición participa en los comicios con la convicción de que así recuperará la ruta electoral para salir de Nicolás Maduro, pero otro sector promueve la abstención y organiza una consulta popular para aumentar la presión internacional
Todavía este sábado 5 de diciembre, a pocas horas de las elecciones parlamentarias, la familia discutía en un grupo de Whatsapp si los miembros que quedan en Venezuela deben votar o no este 6 de diciembre. Esta familia, a la que crisis desperdigó por varios países latinoamericanos, evaluaba los pro y los contra de participar en unas elecciones cuestionadas nacional e internacionalmente, sin apoyo de organismos como la Unión Europea (UE) y el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela.
No son pocos los venezolanos que enfrentan este dilema. Los comicios fueron convocados por un Consejo Nacional Electoral (CNE) designado, no por la Asamblea Nacional (AN) sino por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Cinco partidos políticos -de la oposición y también de la alianza del chavismo- fueron judicializados y el TSJ les puso una directiva ad hoc: Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Tupamaro y Patria Para Todos. Las directivas originales de los tres partidos opositores intervenidos han calificado el evento del 6 de diciembre como un fraude, pero las directivas colocadas por el TSJ llevan candidatos y están invitando a sufragar.
La sociedad venezolana se encuentra hundida en la emergencia humanitaria compleja, y polarizada en varios sentidos. Por un lado están los que invitan a participar este domingo para recuperar el voto como herramienta de cambio político, y así transitar la ruta de las elecciones regionales y municipales y del referéndum revocatorio contra Maduro. Por otro, los que llaman a abstenerse este 6 de diciembre y a sumarse a la consulta popular organizada por la AN para aumentar la presión contra Maduro. Analistas como José Antonio Gil Yepes calculan una abstención de 70% o más. Eso implicaría que, de los 20 millones de electores incluidos como tales en el Registro Electoral, sufragarían con suerte poco más de 5 millones. El contraste entre esto y lo sucedido el 6 de diciembre de 2015 es enorme: en esa oportunidad votaron casi 14 millones de personas y se estimó una participación de más de 70%.
En 2015 se eligieron 167 diputados. En esta ocasión se escogerán 277. Más de 14 mil candidatos se disputan las curules.
El escenario económico asusta. El país lleva 36 meses en hiperinflación y con el salario mínimo de un mes a duras penas se compra un paquete de harina de maíz. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) que elaboran varias universidades 96,3% de los hogares son pobres por ingreso. Todos los años de gestión de Maduro han sido de recesión económica.
La crisis política se evidencia en el rechazo que genera Maduro (estimado en más de 85% por encuestadoras como Datanálisis), pero también en el hecho de que 6 de cada 10 venezolanos se declaren independientes. Guaidó -de acuerdo con Datanálisis- tiene el doble de aceptación de Maduro, además de apoyo internacional (más de 50 países lo reconocen como presidente interino de Venezuela, a lo cual se suman organizaciones importantes)). La propuesta de Guaidó -tal como lo confirmó este sábado 5 de diciembre- es activar la consulta y mantener en funciones la AN electa en 2015.
Maduro, por su parte, ofreció convertir la elección en un plebiscito: si la oposición gana, estaría dispuesto a dejar el poder, según dijo públicamente. Algunos dirigentes políticos -como Bernabé Gutiérrez y Henri Falcón- afirmaron que le tomaban la palabra.
