También denunciaron situaciones irregulares en las cárceles del país y la falta de atención a los “presos políticos”
Este lunes, representantes del partido Voluntad Popular (VP) presentaron un balance sobre presos políticos y detenciones arbitrarias en Venezuela, destacando que en este año se han reportado 1.011 detenidos en Venezuela.
La abogada Ana Leonor Acosta señaló: «queremos denunciar la situación de las cárceles venezolanas; no hay atención a los presos. El fin de semana no hubo visitas en la cárcel militar de Ramo Verde. No tienen acceso a agua potable y las condiciones de salubridad son terribles».
La abogada informó que «desde el 23 de enero hemos tenido más de 3 mil 500 detenciones en todo el país. En Aragua ocurrieron 180 detenciones. Casi todos los detenidos eran menores de edad que participaban en las olas de protestas pacíficas».
Acosta denunció que en las marcha efectuadas en el estado Zulia fueron agredidas mujeres y niños por las fuerzas de seguridad del gobierno y por los «colectivos que son dirigidos por Nicolás Maduro y por los alcaldes que siguen sus ordenes» y agregó que desde el aire lanzaron objetos contundentes hacia la concentración.
La abogada aseveró que «existen grupos irregulares que actúan en Zulia, Lara y Yaracuy. Llamamos a la comunidad internacional para que haga una investigación acerca de quién está armando a estos grupos, de dónde provienen las armas, quién tiene el control de las armas en Venezuela”.
Por su parte, Adriana Pichardo, miembro del partido Voluntad Popular, comunicó que «desde 2014 este partido se ha convertido en el más perseguido en la historia venezolana. Desde el 23 de enero hemos tenido 28 detenciones de dirigentes, empezando por Roberto Marrero y estas detenciones las llevan a cabo mayoritariamente las policías regionales porque no les están funcionando los organismos de seguridad como el Sebin y la Fuerza Armada Nacional”.
La dirigente de VP destacó que de 28 detenidos de Voluntad Popular han sido liberados 10.
Asimismo, Pichardo manifestó que en los últimos actos políticos del diputado Juan Guaidó, «a las empresas que prestan servicios de sonidos y de producción de eventos les han retenido sus camiones, a sus empleados, y les cobra vacuna para liberar sus camiones».
Finalmente la dirigente se refirió al caso del mayor Abraham Suárez, quien se encuentra detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y fue trasladado hasta un centro hospitalario por presunto intento de suicidio, tras presentar un cuadro de depresión”.
A Suárez se le dictó medida privativa de libertad el pasado 19 de mayo por traición a la patria, instigación a la rebelión, motín y contra el decoro militar.