En Venezuela, actualmente, solo está permitida la interrupción del embarazo cuando corre riesgo la vida de la madre

Vannesa Rosales recibió una medida cautelar sustitutiva de libertad consistente en casa por cárcel, desde este lunes 11 de enero. La feminista y docente estaba detenida en la sede de Mérida, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desde el 12 de octubre de 2020, por ayudar a abortar a una adolescente de 13 años, quien fue víctima de violación.

El pasado viernes 8 de enero, se difundió un comunicado firmado por 203 organizaciones, nacionales e internacionales, que exigen un proceso “justo y legal” para la acusada. En el escrito se hace referencia a irregularidades ocurridas durante el proceso de detención y acusación de Rosales, a quien se le imputan tres delitos: agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por tercero.

Por otra parte, Carlos Alberto Terán, el hombre de 52 años de edad, presunto violador de la adolescente, sigue en libertad, pese a existir una orden de captura en su contra desde noviembre de 2020.

Al respecto, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo, a través de su cuenta en Twitter, “al sujeto prófugo de la justicia se le ha solicitado Alerta Roja vía Interpol”.

En el país, el aborto se considera delito, según el Código Penal, y las penas de prisión van de seis meses a dos años. Asimismo, existe un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación o incesto.