La medida se mantendrá “hasta que el gobierno nacional provea los recursos económicos ordinarios para permitir al Consejo Directivo y a las autoridades rectorales la toma de decisiones”

El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar declaró por unanimidad la emergencia en la gestión académica, administrativa y financiera de la casa de estudios.

La medida se mantendrá “hasta que el gobierno nacional provea los recursos económicos ordinarios para permitir al Consejo Directivo y a las autoridades rectorales la toma de decisiones en los ámbitos presupuestarios para el adecuado desarrollo de los procesos académicos y administrativos, con eficiencia y eficacia para garantizar el derecho a la educación universitaria y el derecho al trabajo”.

Durante una reunión extraordinaria, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Superior (Sutes) solicitó la emergencia por “la falta de respuesta de los organismos del gobierno a las necesidades que han estado haciendo desde la segunda semana del año, y por las que se han movilizado hasta el MEU y Vicepresidencia de la República”, reseñó una nota de prensa de la institución.

Los reclamos del personal obrero han sido reconocidos por las autoridades.

La resolución de declaración de emergencia está dirigida al Ministerio de Educación Universitaria, Consejo Nacional de Universidades, Oficina Nacional de Presupuesto, Oficina de Planificación del Sector Universitario y a la opinión pública nacional e internacional, apelando al “espíritu y contenido íntegro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en especial los artículos 91, que consagra el derecho a un salario que permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, y el 102 que establece el derecho a la educación y que el Estado debe asumirla de forma indeclinable, siendo de máximo interés para la población venezolana”.

Además, señala que “los distintos sectores que hacen vida en la USB, (profesores, personal administrativo y técnico, personal obrero y estudiantes), han venido manifestando de forma constante y reiterada la necesidad de que el Estado venezolano honre, de forma perentoria, sus compromisos presupuestarios para el adecuado desarrollo de los procesos académicos y administrativos”.