«En el caso de Juan Pablo Pernalete, que falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva», eso fue lo que dijo el fiscal general, Tarek William Saab
El fiscal general, Tarek William Saab, informó este sábado que entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) de un nuevo informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, donde detalla como procedió en Ministerio Público ante casos polémicos en el país, cómo el de Juan Pablo Pernalete.
«Este nuevo documento, que ya es el tercero, no es más que la continuación de la colaboración absolutamente irrestricta de las autoridades venezolanas con la Fiscalía de la CPI en todos aquellos puntos sobre los que ha sido requerida”, expresó Saab en rueda de prensa.
Durante su alocución, reconoció que Juan Pablo Pernalete, joven que perdió la vida durante las protestas del 2017, «falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho», una hipótesis que fue desmentida en el pasado por los representantes del gobierno de Maduro, quienes aseguraban que su muerte fue provocada por una pistola de perno.
Detalló que por ese caso se logró la imputación de doce funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariano (GNB) por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.
También explicó que por la muerte del concejal Fernando Albán, quien murió cuando estaba detenido por los organismos de seguridad, se emitió orden de aprehensión contra los dos funcionarios del Sebin que lo custodiaban, por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido.
Saab añadió que «en estos 3 años y 8 meses se imputaron a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares».
Asimismo, agregó que el gobierno de Nicolás Maduro solicitó, por iniciativa propia, «una evaluación a la Fiscalía de la CPI sobre los compromisos concretos ya trasladados por el país y que se amplían con este nuevo informe».
