El comité rechazó la decisión de los tribunales venezolanos de mantener privados de libertad a Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo.
Seis sindicalistas detenidos a principios de julio en Venezuela serán enjuiciados por los delitos de asociación para delinquir y conspiración. Así lo informó este viernes a EFE Belsaí Yánez, vocera del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos creado para defender a este grupo.
El comité rechazó la decisión de los tribunales venezolanos de mantener privados de libertad a Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo, y de pasarlos a juicio, basándose en supuestos «mensajes contrarevolucionarios».
«Pensar que pertenecer a gremios, a asociaciones, sindicatos, es asociación para delinquir ya es el extremo de este régimen», dijo Yánez. Insistió en que la exigencia es la liberación de estos sindicalistas, ante la «falta de pruebas» para acusarlos.
En este sentido, la vocera cuestionó que el caso avanzara más allá de la audiencia preliminar. Todo esto «basado en un testigo anónimo que los acusa de hacer algo que era imposible de ejecutar».
En un comunicado de prensa enviado este viernes, el comité aseguró que a los detenidos «se les acusa de hechos supuestos, subjetivos, sin pruebas. De querer asaltar un alistamiento militar con 120 fusiles en Mérida (oeste), secuestrar a los padres del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y realizar actos de sabotaje el 5 de julio contra Nicolás Maduro».
Los familiares y amigos de los acusados hacen responsable al fiscal general, Tarek Saab, y al gobierno, del bienestar de estos y piden que se les permita un juicio justo.
«Están acusando a seis personas que son luchadores sociales, padres, personas útiles a la sociedad. Los están acusando de inventos», aseguró Yánez. A la vez añadió que la detención se corresponde con un momento importante de protestas protagonizadas por trabajadores públicos en toda Venezuela.
La semana pasada, los familiares de estos privados de libertad exigieron su liberación y solicitaron respuestas a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo. Ante estos organismos han solicitado audiencias para pedir intervención en el caso, sin obtener respuestas hasta el momento. Reseñó EFE