Algunos cuestionan la actuación policial – que no va de la mano con las garantías constitucionales ni los derechos humanos-, mientras que otros preguntan si Koki, Vampi y Garbis regresarán para tomar el mando en su centro de operaciones: La Cota 905
La presencia policial en los diferentes sectores populares de la capital ha impactado en el accionar delictivo, sin embargo sus habitantes no se separan del miedo luego de vivir intensos días de conflicto interno y fuego cruzado entre hampones que lideran las zonas y comisiones policiales.
Zonas en La Vega y La Cota 905 se convirtieron en puntos claves donde se pretendía una expansión criminal con miras a dominar muchos más territorios. Pero con la Operación Gran Cacique Guaicaipuro , desplegada desde el pasado 9 de julio, los planes de la delincuencia fueron truncados «por el brazo duro de la ley», como solía decirse en épocas anteriores.
Cesó el intercambio de disparos, mientras que la expectativa es parte de las conversaciones y comentarios entre vecinos, quienes desde comienzos de año vivieron la peor pesadillas de sus vidas.
Algunos cuestionan la actuación policial – que no va de la mano con las garantías constitucionales ni los derechos humanos-, mientras que otros preguntan si Koki, Vampi y Garbis, regresarán para tomar el mando en su centro de operaciones: La Cota 905.
A juicio del criminalista y consultor penal venezolano Iván Simonovis -exiliado en Estados Unidos-, «que la policía se mantenga en las calles, no garantiza que el hampa no esté planeando su arremetida. Son territorios conquistados bajo el permiso del gobierno y no los van a dejar».
«El peor error que cometería el Estado es retirar a los policías de las calles, específicamente en estos momentos donde el mismo gobierno les dio luz verde para actuar, pero eso no va a durar mucho tiempo», acotó.
Desde el comienzo
El también comisario y fundador de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, explicó que los grupos hamponiles «fueron fortalecidos por el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez. Para ese momento ya se habían creado alianzas con estos grupos en los barrios, para encargarlos de la seguridad interna».
Y acotó: «El gobierno pensó que a través de estos convenios, los grupos criminales se incorporarían a la vida civil y dejarían de ser delincuentes, ese era el mensaje».
El fin único – según Simonovis-, era «mantener a los residentes en sus barrios, bajo el control del hampa y con ello evitar que, ante cualquier situación, salieran de sus sectores dejando a un lado el favoritismo político».
Acotó que el gobierno se planteó una especie de control social errado.
«El delincuente nunca dejará de ser delincuente. Ellos no conocen de leyes, solo sirven para delinquir: extorsionar, secuestrar, asesinar, nunca para controlar la criminalidad dentro del mismo sector en el que operan», sostuvo el también ex preso político.
Las consecuencias
Según Simonovis, actualmente hay 12 megabandas en el país. «Los 300» en el estado Miranda, el Tren de Aragua, que opera en Aragua, Zulia, Trujillo y Falcón, el Tren del Zulia, Los Meleán, Los Leal, hoy día protegidos por el gobernador Omar Prieto, La Carlos Papal ubicada en Miranda en los Valles del Tuy, Bander ubicada en Delta Amacuro y Monagas, estas son algunas de las más importantes.
Dijo además que están los carteles de la droga: en Paraguaná, La Guajira «y obviamente el de Los Soles».
«La cuarta estructura criminal es el terrorismo, en Latinoamérica gracias a las investigaciones del fiscal Alberto Nisman, que evidenció la presencia de grupos iraníes en Centroamérica y Suramérica, y grupos de Hezbollah crearon una red que opera en Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela», subrayó.
Indicó que hay «otra estructura criminal que son los colectivos se han convertido en un brazo armado del gobierno. Son catorce hasta ahora y tienen su brazo armado que nació con Chávez y sigue con Maduro».
Por último, señaló que existe la presencia de grupos paramilitares como el ELN y las FARC, con asentamientos en ocho estados del país. «Tenemos entonces 944 mil kilómetros cuadrados para albergar criminales de todo tipo».
