A partir del 13 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional. Hasta este 12 de marzo el Ministerio de Salud reportó 518.303 casos de COVID-19 y 5.657 fallecimientos por esta causa. Las estadísticas oficiales son cuestionadas por la Federación Médica Venezolana. La organización Médicos Unidos de Venezuela (MUV) contabiliza 823 muertes de personal de salud con criterios para COVID-19
Los colegios cerraron sus puertas. Los comercios bajaron las santamarías. Los trabajadores formales fueron enviados a sus casas y los informales se enfrentaron a la incertidumbre de no saber cómo comerían. Una palabra pasó a formar parte del vocabulario diario de los venezolanos: pandemia. Y la acompañó otra no menos desconcertante para el país en el siglo XXI: cuarentena.
A partir del 13 de marzo de 2020 se decretó «el Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas», con el propósito de adoptar «las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen». Un país en el que se desarrollaban casi 17 mil protestas al año (16.739 en el año 2019, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) tuvo que afrontar un encierro obligado.
«Las medidas de cuarentena por la pandemia del COVID 19 llegan a Venezuela en un contexto donde ya se vivía una semiparalización por la recesión económica prolongada, la escasez de combustible, la crisis de los servicios públicos, la baja movilidad internacional», refrescó la investigadora Anitza Freites, coordinadora de la la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), durante la presentación de los datos correspondientes al año 2021.
Eduardo Porretti, encargado de negocios de Argentina en Venezuela, fue uno de los primeros pacientes con COVID-19 registrados oficialmente en Venezuela. El 15 de marzo de 2020 le notificaron oficialmente que se había contagiado. En una nota de prensa difundida en ese momento, Porretti explicó: «Hace seis meses que no salgo de Caracas pero en la embajada recibimos permanentemente visitas de todos lados y por precaución decidí hacerme este examen, que dio positivo». También detalló que estaba solo y que, siguiendo las recomendaciones, congeló todas sus actividades.
La cuarentena comenzó en Venezuela el 13 de marzo de 2020, después de varios días de rumores de casos y silencio oficial. Como lo recuerda el Observatorio Venezolano de la Salud, las primeras medidas adoptadas fueron:
a) la prohibición de vuelos desde Europa, Colombia, Panamá y República Dominicana por 30 días, con excepción de aviones de carga y correo;
b) la suspensión de actividades escolares a todos los niveles desde el 16 de marzo;
c) el uso obligatorio de mascarillas en medios de transporte público masivo como el metro y ferrocarriles, y posteriormente, para estar en la vía pública.
La llamada «cuarentena social preventiva» contempló «la suspensión de todas las actividades laborales, comerciales y escolares con excepción de las actividades de servicio social y de necesidad apremiante (distribución de alimentos, servicios sanitarios de salud, de seguridad y de transporte). El 17 de marzo, autoridades aeronáuticas ordenaron la restricción de vuelos comerciales y privados hacia y dentro del país, con excepción de vuelos de carga y correo», detalla el Observatorio.
Que todo el país entrara «en cuarentena social» era «una medida drástica», defendió el mandatario Nicolás Maduro al anunciar que el 17 de marzo de 2020 Venezuela daba «un paso al frente» en la región.
¿Cuáles son las cifras?
Dos años después el sistema de salud continúa en crisis, como lo exponen los gremios de la salud. «La Federación Médica, desde enero de ese año, estaba advirtiendo lo que venía, porque teníamos información muy certera de la Asociación Médica Mundial de que había una enfermedad en China, e incluso, que estaba un médico oftalmólogo chino preso, el primer médico fallecido por COVID-19», rememora Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV). Se refiere a Li Wenliang, el médico que falleció después de contraer el virus. En 2019 Li atendió a pacientes con un agente parecido al SARS, y cuando intentó encender las alarmas, lo investigaron por «propagar rumores», recuerda la BBC.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51371640
Hasta este 12 de marzo el Ministerio de Salud contabilizaba 518.303 casos de COVID-19 y 5.657 fallecimientos por esta causa. Un 98% se ha recuperado. De acuerdo con el ente gubernamental hay 3.540 casos activos.
La polémica sobre las cifras reales de la enfermedad ha acompañado estos dos años de pandemia, muy asociada a la disponibilidad de pruebas para hacer el diagnóstico correspondiente. «Solo el gobierno dice las cifras, cifras que no ves en los hospitales. Si ves un hospital abarrotado de pacientes COVID-19, y las clínicas también, no puede ser que tengas 500, 600 o 700 casos mensuales con dos o tres muertes», alega León Natera.
El neumonólogo Rafael Belmonte asegura haber visto pacientes «a diario con problemas de COVID y con complicaciones de COVID» y lamenta que el gobierno «no da la cifra exacta de los pacientes, como debe ser. Ellos lo ocultan. No les interesa que en Venezuela se sepa que no están las condiciones adecuadas» para las personas enfermas. «La cifra que el gobierno da no se corresponde con la realidad que está pasando en el país», agrega Belmonte.
En su consulta privada recibe a pacientes con COVID todos los días. «Los pacientes, en su gran mayoría, deben acudir a servicios privados, porque la atención es inadecuada en los hospitales públicos». El diagnóstico no es el adecuado, y además «indican tratamientos que no se corresponden».
Una prueba PCR cuesta, en el sector privado, alrededor de 80 dólares. Al no garantizarla el sector público, y no tener cómo pagarla la gente por su cuenta, los médicos optaron por recetar 10 días de aislamiento en casa como medida general. Ante los síntomas «se manda a hacer un estudio radiológico, a ver si hay un compromiso en el pulmón, y exámenes complementarios» que evidencien si hay cambios en los pulmones, detalla Belmonte.
Personal de salud: el más golpeado
El personal de salud en Venezuela ha cargado con el peso de la pandemia. No solo por el número de muertes, sino también, por las condiciones de trabajo -hospitales desabastecidos, ausencia de material de bioseguridad- y por la emergencia general del país.
La FMV reporta 633 fallecimientos, que representa más de 20% de mortalidad: «esa es una cifra récord en el mundo, y el gobierno, bien gracias».
Hasta el 31 de enero la organización Médicos Unidos de Venezuela (MUV) contabilizó 823 muertes de personal de salud con criterios para COVID.
La cuarentena dio paso a las medidas de flexibilización, que se estabilizaron en el llamado 7×7 (siete días de trabajo, siete días de encierro). Estas acciones fueron criticadas por trabajadores de la salud, que consideraron que no obedecían a lógica alguna. Finalmente se suspendieron. «El gobierno ha aplicado unas medidas de flexibilización como le da la gana: 7X7, 7X14, dos meses seguidos. Se crea un caldo de cultivo para que esta enfermedad siga adelante y siga causando letalidad en el pueblo de Venezuela, mucho más de lo que dice el gobierno oficial desde Miraflores», sostiene León Natera.
El hito de la vacunación
La llegada de las vacunas al país significó un respiro para empresas, industrias, comercios y trabajadores, aunque el personal de salud tuvo que marchar y protestar para garantizar que los productos llegaran a los grupos catalogados como prioritarios: trabajadores sanitarios, personas con afecciones crónicas y adultos mayores. Los políticos tomaron para sí las primeras dosis, denunciaron dirigentes gremiales. Entre saltos y polémica, las inmunizaciones poco a poco se masificaron.
El esquema de vacunación se basa en la sputnik V, procedente de Rusia y todavía sin autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS); sinovac y sinopharm, procedentes de China; y candidatos vacunales elaborados en Cuba y criticados por las academias científicas debido a que no se divulgaron los estudios que los avalan.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó el pasado miércoles 9 de marzo que cerca de 77% de la población venezolana tiene una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y casi 50% completó las dos dosis. Venezuela ha recibido más de dos millones de dosis mediante el mecanismo COVAX, y se planifica la entrega de 6,5 millones de dosis entre marzo y abril, apuntó Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.
Los problemas del país, dos años después del decreto de emergencia por COVID-19, no parecen haberse solucionado. Dos datos lo muestran: a pesar de las restricciones se realizaron 9.633 protestas en 2020 y 6.560 protestas en 2021, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Y los centros asistenciales siguen en una situación crítica, reitera Douglas León Natera.
