“La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo”, advirtió la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

De nuevo Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expone un informe muy crítico sobre Venezuela. Lo hizo este lunes 9 de septiembre en Ginebra y en su exposición puso el dedo en la llaga al abordar temas como la detención del sindicalista Rubén González, la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo y las acciones contra diputados de la Asamblea Nacional.

Estas son 5 cosas que Bachelet no se calló en la actualización de su informe:

1)Rubén González: “Deseo expresar mi rechazo a la condena del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical. Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.

2) Capitán Acosta Arévalo: “La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición”.

3)Medidas contra parlamentarios: “Desde la presentación de mi informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su Presidente. Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio. Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto”.

4)Militares en territorios indígenas: “Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana”.

Añadió: “Me preocupa también el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios.  A pesar de que el Gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco Minero, autoridades indígenas y ONG sostienen que no hubo consultas, ni los estudios de impacto ambiental adecuados”.

5)Detenciones arbitrarias, especialmente de militares: “Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los derechos humanos”.