El Observatorio de Ecología Política señala que no se puede culpar a la naturaleza, o adjudicar todo al cambio climático por tragedias en las que en realidad las instituciones nacionales y otros factores humanos pudieron haber hecho una gran diferencia, incluso previniendo la peor parte»
Sobre situación de las últimas inundaciones en Venezuela el Observatorio de Ecología Política (OEP) señaló, en un comunicado digital, sus causas y las acciones urgentes que recomiendan asumir después de evaluar sus efectos inmediatos a nivel nacional.
Señalan que la magnitud de los eventos debería estimular en los venezolanos a responder dos preguntas urgentes sobre lo sucedido y sobre el futuro ante la crisis climática: «1. ¿La tragedia de Las Tejerías fue un desastre natural imprevisible, o pudo haberse evitado?; 2. ¿Qué podemos hacer para afrontar los futuros escenarios?«.
«No se trata de imaginarnos capaces de controlarlo todo, sino de reconocer nuestra incidencia y capacidad de acción ante los problemas ambientales. La peor actitud posible ante la crisis ambiental y climática es suponer que, ante un problema tan grande, no hay nada que podamos hacer», subrayó el comunicado.
La organización esgrimió en un nuevo informe que «lo que nos debería quedar claro es que Venezuela necesita con urgencia un amplio debate nacional sobre cuáles son las causas de estos eventos y la necesidad de una nueva gestión de riesgos y desastres en los escenarios posibles».
¿Desastre natural o cambio climático?
Indican que llamar a lo sucedido en Las Tejerías un “desastre natural”, sin más, no permite entender el problema, y evita también hablar de responsabilidades humanas y políticas en estos hechos sostiene la organización.
«La alteración del régimen natural de perturbaciones en las cuencas hidrográficas como este o los referidos a la Costa Oriental del Lago de Maracaibo o las inundaciones que se desarrollan en varias regiones del país, no deben ser sólo atribuidos a lluvias torrenciales o fenómenos como la Niña o el Niño», subrayó el comunicado.
Ahora los temporales son de «ocurrencia periódica pero cada vez más intensa, sino que también se combinan con los impactos que generan actividades humanas, que van desde la creciente intervención que ejercemos sobre la naturaleza hasta la omisión de medidas oportunas de prevención y mitigación de los desastres por parte de las autoridades nacionales».
Para la OEP «es importante resaltar» que los «problemas como la deforestación de las cuencas altas, la destrucción de las zonas de ribera (tanto de taludes como de selvas ribereñas) y la canalización de ríos tienen una relación directa con la intensificación de inundaciones y también de sus efectos».
«Estos procesos de deforestación vienen creciendo en el país por el aumento descontrolado de la frontera agrícola, minera y extracción de madera, entre otras. Por otro lado, está también la construcción de edificaciones ubicadas en zonas de riesgo (como las planicies de inundación), lo cual es un factor que expone a una mayor proporción de población a vivir en situación de vulnerabilidad. En última instancia, es el propio modelo de sociedad que hemos sostenido el que está vulnerando los ecosistemas, potenciando los riesgos para la vida en ellos», subrayó el informe.
Además el informe reflejó que «parte de la realidad de los temporales» se debe entre otras causas a «una política negligente del Estado venezolano en materia de prevención, en la medida en la que, con notable indolencia, no se prepara al país para eventos como estos ni se atacan los factores mencionados que incrementan la vulnerabilidad de la población».
Asimismo el informe destacó que «en Venezuela existe una notable ausencia y disposición de datos e información climática actualizada. Así, la brecha de información climática y socioambiental estriba en la disposición y actualización de:
- Estadísticas públicas de la red pluviométrica y otros datos hidrometeorológicos;
- Mapas de amenazas y riesgos en las comunidades;
- Sistema de alertas tempranas;
- Información pública de planes de evacuación en situaciones de emergencia;
- Educación para la gestión y prevención de riesgos y desastres».
En este mismo sentido es sustancial destacar que «desde el año 2021 se decretó el estado de emergencia en 11 estados del país y por 90 días, pero el clima no se decreta y se han sucedido temporadas de lluvias torrenciales e inundaciones en varias regiones hasta la fecha».
«Ante la ocurrencia de lluvias extraordinarias, ¿había planes de contingencia previos para zonas de alto riesgo, fueron desplegados adecuadamente? Si estos planes existen: ¿Qué simulacros de desalojo se realizaron, qué información se le proporcionó a la población con antelación? ¿Cómo podrían haberse mitigado esos factores de riesgo?», así lo manifestó la OEP.
No obstante el comunicado resaltó que «a este respecto debe señalarse que existen las siguientes disposiciones legales: decreto Nº 1.257. Normas sobre evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente, el Plan Nacional del Ambiente, la Ley Orgánica del Ambiente y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. El caso de Las Tejerías no es solo una tragedia climática sino también una de planificación y gestión de riesgos».
«Además, como hemos insistido en varias comunicaciones, no se están tomando medidas urgentes y efectivas para afrontar la problemática del cambio climático, un asunto que es hoy central y que amerita toda la atención y la voluntad social y política para afrontarlo», denunció la organización defensora del ambiente.
Agregan que «las condiciones de vulnerabilidad a inundaciones para el país no son las mismas de antes, ni volverán a serlo, en parte debido precisamente a los efectos impredecibles del cambio climático. En ese sentido, no habrá nada de ‘natural’ o ‘ineludible’ en las tragedias que sucedan por no tomar medidas de prevención ante la situación cambiante que se nos viene. Aquí no vale el adagio de que ‘lo que será, será’”.
Por una nueva gestión de riego
Indican además que ante «los escenarios cada vez más frecuentes de desastres en nuestro país, requerimos con urgencia una gestión socioambiental que tome en consideración los riesgos que ya tenemos y que actúe para evitar aumentarlos».
«Para ello la población venezolana debería contar con el acceso público, gratuito y permanente de:
- Datos e información climática del territorio
- Mapas de riesgos
- Sistemas de alerta temprana y su monitoreo
- Evaluación de la situación de riesgo en los asentamientos poblacionales y áreas agrícolas
- Orientar la construcción de infraestructura, soluciones habitacionales y zonas de producción agrícola adaptadas a las nuevas condiciones climáticas y de sostenibilidad
- Planes públicos de adaptación y mitigación a nivel municipal y estadal»
El documento señala más adelante que «la mayor y más duradera contribución que Venezuela podría hacer para prevenir tragedias como las ocurridas recientemente sería disminuir progresivamente su contribución al cambio climático, y promover estas acciones en el campo internacional».
«Esto no aseguraría el éxito, por supuesto, porque el problema no depende sólo de nosotros. Pero evadir nuestra responsabilidad ante la crisis climática o asumir una incapacidad gubernamental, implica resignarnos a un futuro incierto donde la gestión de riesgos será cada vez más difícil y los recursos para esta aún menores», subrayó el informe de la ONG.
En este orden de ideas, la organización climática destacó que «cabe destacar que los compromisos nacionales frente a la crisis climática son insuficientes y no hay estadísticas oficiales de acceso público. Mientras tanto las personas más vulnerables y segregadas en términos étnicos, de clase y género, así como el conjunto de seres no-humanos, padecen las peores consecuencias».
«No deja de ser irónico que autoridades nacionales de un país petro-adicto y promotor del Arco Minero del Orinoco, aludan al cambio climático para exculparse por desastres como este. En especial cuando, lejos de proponer alternativas a nuestra dependencia, se empeñan en maximizar la explotación de combustibles fósiles y la devastación de la naturaleza», puntualizó el OEP.
También destacó el informe que «dar respuesta al problema de la crisis climática y los problemas de vulnerabilidad ambiental a escala local no está en oposición, todo lo contrario, es crucial responder a esta problemática de forma integrada. Los mismos indicadores que alimentarán sistemas locales de alerta temprana y permitirían prevenir tragedias, son los que se agregarían para medir el impacto del cambio climático a escala nacional».
«El mismo esfuerzo de zonificación que prevendría los riesgos del cambio climático sirve para prever los riesgos de siempre. La misma reforestación que prevendría deslaves en una comunidad, contribuiría a la reducción de carbono atmosférico en general. Dicho de otra manera, la necesidad de respuesta ante la crisis climática nos abre una ventana para lidiar, simultáneamente, con la larga historia de injusticias ambientales en Venezuela. ¿Asumiremos el reto?», enfatizó el comunicado.
Una nueva relación con la naturaleza
Para concluir el informe, la organización ambientalista destacó que «lo humano, lo atmosférico, lo agrícola, lo urbano, y lo industrial forman parte de los ecosistemas, no se pueden segregar unos de otros. Reconocer la naturaleza recíproca de estas relaciones es esencial para poder mantener armonía entre sus elementos».
«Insistir en una actitud antropocéntrica y confrontacional con la naturaleza es precisamente lo que nos imposibilita lidiar con el colapso que estamos causando, del cual esta tragedia es un síntoma. Hoy más que nunca nos urge como sociedad cambiar la manera en que nos relacionamos con la naturaleza y replantear el modelo de desarrollo imperante, que ni es sostenible ni compatible con la trama de la vida. Debemos actuar por el país y por el planeta, todavía estamos a tiempo», aseveró el informe.