Señaló que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo tendrán que responder ante instancias internacionales por su inobservancia y no ejercer sus atribuciones establecidas en la Constitución
El sistema universal de los DDHH no exonera de responsabilidad penal a los violadores de los derechos humanos, manifestó el abogado, ex parlamentario y coordinador de la defensa por los derechos civiles Rafael Narváez.
Narváez afirma que el dolor y el sufrimiento causado por el Estado venezolano a familiares y víctimas de la represión, detenciones arbitrarias, encarcelamientos con aislamiento, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, y asesinatos durante las manifestaciones y en los centros de reclusión como el Sebin y la Dgcim, no acepta arrepentimiento tanto de los autores materiales e intelectuales de tan horrendos crímenes de «lesa humanidad».
Recordó la represión ejercida por los cuerpos de seguridad y los componentes del famoso «Plan Zamora” en 2017 encabezados por la GNB, PNB, Cicpc, Conas y colectivos armados dejaron un saldo de 150 asesinados, 5.335 detenciones arbitrarias, 59 torturados, miles de heridos de balas, perdigones, bombas lacrimógenas durante las manifestaciones.
También mencionó la creación del Sebin y la Dgcim, ambos protagonistas de las torturas; el Faes bautizado como el grupo exterminio y de ser responsable de 690 ejecuciones extra judiciales, según el informe presentado el pasado 4 de julio 2019 por la alta comisionada de la ONU para los DDHH Michelle Bachelet con motivo de su visita a nuestro país.
Cabe destacar que Bachellet también condenó la muerte por torturas del Capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo a manos del Dgcim y la pérdida de la vista del adolescente de 15 años Rufo por parte de policías de Táchira al descargarle la cacerina completa de perdigones en el rostro por estar reclamando una bombona de gas doméstico.
Narváez señala que tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo desde 2014 hasta nuestros días tendrán que responder ante instancias internacionales sin privilegios por su inobservancia y no ejercer sus atribuciones establecidas en la Constitución.