El coordinador por los derechos civiles exigió a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, solicitar aplicar el Protocolo de Minnesota para el caso de la muerte del General RaúI Isaias Baduel
El exparlamentario, abogado defensor de DDHH,y coordinador de la defensa por los derechos civiles condenó la vulneración por parte del estado, del artículo 443 de la constitución, la cual establece el derecho a la vida y la obligación de salvaguardar a los privados de libertad. Esto como consecuencia de la muerte del General en jefe Raúl Isaias Baduel.
Con este deceso, aumenta la cifra a 10 de presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado, lo que a su juicio convierte a los centros de reclusión, en especial, al Sebin, en una «Funeraria en Capilla Ardiente», por considerar que no protegen ni garantizan la vida.
El coordinador por los derechos civiles exigió a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, solicitar aplicar el Protocolo de Minnesota para el caso de la muerte del General RaúI Isaias Baduel. De esta manera asegura que se evitaría que funcionarios del estado «sospechosos» de haber cometido este crimen puedan actuar e influir en la investigación.
Se recomienda en estos casos una comisión investigadora independiente para el esclarecimiento del caso, tomando en cuenta que hay muchos testimonios de familiares y abogados de la defensa que cuestionan la tesis de muerte por COVID-19.
De igual forma, el abogado penalista y ex parlamentario fustigó la inobservancia e indolencia por parte del que dice ser Defensor del Pueblo: «Su conducta omisiva ante tantas atrocidades, vejaciones, torturas y asesinatos (Alban y Acosta Arevalo) contra los presos políticos que ocurren en los centros de detención lo hacen cómplice».
Para finalizar el defensor por los derechos civiles expresó lo imposible que resultará para el estado intentar borrar con el secuestro de la investigación penal de estos hechos y sostuvo su tesis que «no hay crimen perfecto, por que los muertos hablan y la verdad prevalecera. Estamos en presencia de un récord de violaciones graves a los derechos humanos por parte de un estado que condenó la actuación de la Cuarta República y que ahora la aplica como política de Estado, la única esperanza es la CPI», finalizó.
