«El regreso de los diputados del PSUV es positivo porque reafirma la legitimidad de la AN, reconstituye un espacio institucional para la negociación y abre una oportunidad para redefinir el papel de la asamblea constituyente», indicó a Contrapunto el dirigente opositor Simón García.
Se han dicho de todo en las intervenciones. Se han acusado, se han emplazado, se han formulado reproches y se han exigido tomar partido sobre temas polémicos. El retorno a la Asamblea Nacional (AN) de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sin duda que ha marcado un antes y un después en la política venezolana del año 2019.
«El regreso de los diputados del PSUV es positivo porque reafirma la legitimidad de la AN, reconstituye un espacio institucional para la negociación y abre una oportunidad para redefinir el papel de la asamblea constituyente», indicó a Contrapunto el dirigente opositor Simón García.
Convencido de que «la hemiplejia institucional y el doble poder forman una obstrucción catastrófica», García apuesta por resolver la crisis que se genera con una AN y una ANC.
«Una consecuencia positiva es que se pongan de acuerdo los dos polos para aprobar un plan de contención de la crisis eléctrica, pero ¿serán capaces de hacerlo o se agotarán en un juego de poder al margen de la vida de la gente?», interrogó.
Organizaciones de la sociedad civil también avalaron el retorno del PSUV.
«Vemos positivamente el regreso del PSUV y sus aliados a la Asamblea Nacional, para cumplir con el mandato de sus representados. Es necesaria ahora la mayor voluntad política de todas las partes para lograr regularizar el funcionamiento del parlamento, a la vez de garantizar el respeto de sus decisiones por el resto de los poderes públicos, para desde esta institución producir las transformaciones necesarias para recuperar la normalidad democrática y humana a la que aspiran todos los venezolanos», señalaron en un pronunciamiento público.
La declaración, promovida por 20 organizaciones, ratifica que «el espacio natural de DIÁLOGO entre las diversas fuerzas políticas de un país es el Parlamento. La Asamblea Nacional, dada sus atribuciones constitucionales y su legitimidad derivada del voto popular, es la institución idónea para dirigir el proceso de transición democrática y, por tanto, debe garantizarse el cumplimiento del marco legal vigente, la libertad y garantía plena de los derechos políticos y civiles de los diputados y diputadas de dicha institución, así como su pleno funcionamiento».
Igualmente «valoramos positivamente la propuesta realizada por la Asamblea Nacional, en el mecanismo promovido por el reino de Noruega, para la conformación de un Consejo de Gobierno de Transición Plural, que asegure la participación de todos los sectores, dé respuesta inmediata a la severa crisis nacional y conduzca al país a la celebración de unas elecciones presidenciales libres, cuyo resultado logre la gobernabilidad necesaria para dar soluciones a la grave crisis que atraviesa la nación».
