El diputado a la Asamblea Nacional por el partido Unión y Cambio, Pablo Pérez, ofreció una rueda de prensa en la sede administrativa de la organización política, en la que cuestionó el panorama institucional del país y presentó una serie de propuestas orientadas a la administración de justicia, la reactivación parlamentaria y las condiciones socioeconómicas de la población.
«¿Cómo un país va a avanzar de esa manera? ¿Cómo un país va a una reactivación económica y una reactivación institucional cuando seguimos teniendo presos políticos?», cuestionó Pérez en sus declaraciones. Ante esta coyuntura, planteó como primer punto la «reactivación de la Asamblea Nacional con sus diferentes comisiones», seguida por la «reactivación de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía con sus respectivas subcomisiones, que son tres».
En relación con el ámbito judicial, solicitó que se reanuden los procesos paralizados garantizando el debido proceso. «Que tenga defensor privado, el que lo pueda tener. Que si va a juicio oral, el juicio sea público, como se establece. Que se respeten los derechos humanos, porque según nuestra Constitución, los derechos humanos son progresivos e irrenunciables. Constitución, artículo 19 y artículo 43», argumentó.
Exigencia de revisión al Tribunal Supremo de Justicia y traslado de presentaciones
Pérez solicitó la «eliminación de esos tribunales de terrorismo», criticando su concentración en la capital y el impacto sobre la garantía del juez natural. «Esos tribunales de terrorismo que funcionan solamente en Caracas, tienen competencia nacional. A quien agarraban en San Fernando de Atabaco, era juzgado con todos estos juicios que ponen ellos (…) Sin importar la situación económica de la gente violando su juez natural, que es donde viven», señaló. A su juicio, «esos tribunales de terrorismo les fueron creados por una resolución. Y así como fueron creados por resolución del TSJ, el TSJ puede hacer una resolución eliminando esos tribunales de terrorismo. Porque realmente, el terrorismo es el terrorismo judicial, que se ha convertido en una política de Estado, lamentablemente, en Venezuela».
Asimismo, expuso las dificultades económicas que enfrentan las personas procesadas bajo medidas cautelares de presentación periódica en la capital cuando residen en el interior del país. «Que la presentación de todos aquellos beneficiados de alguna medida, básicamente medidas de presentación que les dan a quienes han sido imputados y esas decisiones de esos tribunales, se presenten en sus regiones», solicitó. Como ejemplo, mencionó el caso de extrabajadores de la empresa minera Miviturben y de la estatal PDVSA en Oriente o Falcón: «señores que eran obreros, entonces se tienen que presentar una vez al mes aquí en Caracas. ¿Cómo económicamente logran venir a Caracas? ¿Dinero a venir a estar ahí 15 minutos a presentarse y regresar?».
Por otra parte, el parlamentario hizo alusión a la «lamentable situación que se presentó en el país el 24 de junio y que afecta, por supuesto, lo que refiere al aeropuerto de Maiquetía».
Reclamaciones sobre servicios públicos e ingresos
Finalmente, Pérez manifestó el compromiso de la agrupación política con el escenario económico y la prestación de servicios básicos en la nación. «Queremos manifestar al pueblo de Venezuela que este partido Unión y Cambio estamos comprometidos con el futuro del país, estamos comprometidos con la calidad de vida del venezolano, que ese ingreso petrolero tan cacareado que cada día aumenta más los ingresos en Venezuela, se vea reflejado en el bolsillo de los venezolanos para que puedan comprar comida, puedan tener medicinas, puedan darle buena educación a sus hijos», afirmó.
Concluyó señalando que mantendrán sus reclamos sobre la gestión legislativa y la infraestructura nacional: «no nos vamos a callar con respecto al tema de la Asamblea Nacional, con respecto a denunciar la poca calidad de los servicios públicos y muy especialmente lo que hoy estamos viviendo con el servicio de electricidad y el servicio de agua potable que también es generalizado».
