Transcurridos los tres meses fijados por el Ejecutivo nacional para presentar los resultados de la reestructuración y reingeniería del Gobierno, el movimiento político Unión y Cambio acudió al Palacio de Miraflores y a la Vicepresidencia Ejecutiva con el objetivo de exigir la publicación inmediata del diagnóstico sobre la administración pública.
La acción responde al vencimiento del lapso de 90 días establecido en la Gaceta Oficial N.º 43.383, difundida el 26 de mayo de 2026. A través de los decretos presidenciales N.º 5.349 y 5.350, se nombró a Héctor Rodríguez como comisionado presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno Nacional, y a Anabel Pereira como comisionada para la Gestión Eficiente, con la tarea de entregar una evaluación conclusiva ante el Consejo de Ministros, un plazo que culminó el pasado 24 de agosto.
El secretario de organización de la agrupación, Ángel Medina Devis, fundamentó la petición en la necesidad de consolidar cambios estructurales en el aparato público. «Venezuela está transitando por un proceso de cambio. Debemos avanzar hacia una transición que permita la democracia, porque el país merece crecimiento económico, calidad de vida y oportunidades reales. Para lograrlo necesitamos instituciones sólidas», señaló durante la consignación del documento.
Respecto al retraso en la entrega de cuentas, el dirigente aludió a las eventualidades que enfrentó el territorio en las últimas semanas. «Entendemos que el país atravesó por las afectaciones y daños causados por un reciente evento sísmico, pero ya ha transcurrido un tiempo más que suficiente para que los venezolanos sepamos qué pasó con esos informes y qué avances reales existen en la reestructuración del Estado», argumentó Medina.
Reducción de carteras y debate nacional
El planteamiento de la organización política busca frenar la dispersión de funciones en las instancias oficiales, en un esquema gubernamental integrado por decenas de ministerios y cientos de entes adscritos. Medina cuestionó la segmentación de áreas clave de la gestión pública. «No hay justificación para que en Venezuela existan ministerios separados para Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando podrían unificarse en una sola cartera económica y productiva. Tampoco se justifica mantener estructuras dispersas para Aguas, Transporte, Energía Eléctrica y Obras Públicas, cuando se requiere una organización capaz de resolver los problemas de la gente», precisó.
La propuesta formal consta de cinco líneas de acción orientadas a la modernización institucional. En primer lugar, se contempla la reducción y reorganización de ministerios y viceministerios mediante la fusión de carteras con competencias afines. En segundo término, se solicita la eliminación de la duplicidad de funciones para simplificar trámites administrativos. Como tercer punto, la organización plantea la revisión de las empresas estatales para definir su venta, transferencia o liquidación según la evaluación de su desempeño. La cuarta medida contempla la incorporación de herramientas tecnológicas, como la automatización y la inteligencia artificial, para acelerar los servicios públicos. Finalmente, la quinta petición exige la divulgación de los hallazgos del diagnóstico nacional.
Unión y Cambio solicitó además abrir un espacio de discusión que incluya a las universidades, centros de investigación en administración pública y organizaciones civiles. Medina concluyó que la reinstitucionalización del país exige trasformaciones de fondo en la conducción estatal: «Modernizar la estructura del Gobierno y desmantelar el aparato burocrático sobrecargado es un requisito indispensable para la reinstitucionalización de Venezuela».
