A pocos días del inicio del nuevo año escolar, Unión y Cambio advirtió que el sistema educativo venezolano enfrenta una crisis que no puede resolverse con anuncios de última hora y cuestionó las condiciones en las que pretende producirse el regreso a las aulas.
Durante una rueda de prensa, la secretaria nacional de Educación de Unión y Cambio, Katiuska Russo, presentó la denominada “Bitácora de la Resistencia”, un balance de las principales dificultades que atravesó el sector educativo durante el período 2025-2026 y una serie de propuestas para enfrentar el nuevo año escolar.
Uno de los principales señalamientos estuvo dirigido a la situación salarial de los docentes.
Russo cuestionó que se presente públicamente una cifra cercana a los 240 dólares como ingreso salarial de los trabajadores de la educación, al señalar que ese monto incluye conceptos que no forman parte del salario.
“Bono no es salario”, enfatizó la dirigente educativa, quien mostró como referencia que un Docente IV de Educación Básica percibe 551,80 bolívares, mientras que un docente de dedicación exclusiva de Educación Universitaria recibe 521,80 bolívares, de acuerdo con las cifras expuestas durante la rueda de prensa.
A esto se suma, según denunció, la falta de claridad en los criterios para la asignación del llamado Bono de Profesionalización, que comenzó a cancelarse desde mayo y que no está siendo recibido por un número significativo de docentes, particularmente trabajadores de Fe y Alegría y del sector universitario, afirmó.
“El peor sismo no fue el de la naturaleza”, señaló.
Uno de los capítulos centrales de la “Bitácora de la Resistencia” estuvo dedicado a la infraestructura educativa, especialmente después del doble evento sísmico registrado en el país.
La secretaria nacional de Educación de Unión y Cambio afirmó que «60% de las plantas físicas de las instituciones educativas a nivel nacional se encuentran en franco deterioro y cuestionó el ritmo de recuperación de los planteles afectados».
Russo recordó que «antes del terremoto se había anunciado la rehabilitación de 500 instituciones educativas y que posteriormente la cifra oficial aumentó a 1500». También señaló que, «de acuerdo con declaraciones recientes del propio Ministerio de Educación, existen planteles con daños menores, daños estructurales y otros con pérdida total».
“El peor sismo para nuestras instituciones no fue el de la naturaleza, sino el de la indolencia y la incapacidad gubernamental”, afirmó.
La dirigente también alertó sobre instituciones educativas que continúan funcionando como campamentos transitorios, sin que se haya concretado su desalojo y recuperación para garantizar condiciones adecuadas para estudiantes y docentes.
Un regreso a clases que debe responder a la realidad de cada escuela
Ante el próximo inicio del año escolar, Unión y Cambio pidió al Ejecutivo respetar el marco legal y evitar convocatorias improvisadas.
Russo citó el artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación y sostuvo que el inicio del año escolar corresponde al primer día hábil de la segunda quincena de septiembre, por lo que cualquier llamado a incorporarse antes de esa fecha —según su interpretación— estaría fuera del marco establecido.
Pero más allá de la fecha, la organización planteó que «el retorno debe responder a las condiciones particulares de cada institución».
“Busquemos calidad y no cantidad”, planteó Russo, al advertir que no pueden aplicarse las mismas condiciones a todos los centros educativos afectados por la emergencia.
En ese sentido, propuso un retorno acompañado de procesos administrativos de cierre del año anterior, inscripciones, formación docente y evaluación de las condiciones específicas de cada plantel.
