“Hemos hecho todas las gestiones hacia lo interno del CNE para que en este caso y otros muchos se tome una decisión favorable a la restitución plena de los derechos políticos de los ciudadanos afectados. Sin embargo, la situación permanece sin novedades, debido principalmente a la negativa de la Contraloría a dar respuestas oportunas”, indicó el funcionario

El vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, informó que la Contraloría se niega a dar respuestas oportunas a las inhabilitaciones.

“Hemos hecho todas las gestiones hacia lo interno del CNE para que en este caso y otros muchos se tome una decisión favorable a la restitución plena de los derechos políticos de los ciudadanos afectados. Sin embargo, la situación permanece sin novedades, debido principalmente a la negativa de la Contraloría a dar respuestas oportunas”, indicó el funcionario en un pronunciamiento público.

La constitución venezolana de 1999 “incorpora importantes mejoras en términos de la consagración de los derechos políticos y civiles de todos los venezolanos. No obstante, esa evolución que nuestra carta magna garantiza en un texto de avanzada, no ha podido verificarse a plenitud. En materia política, específicamente, la anomalía que afecta el sistema jurídico electoral es particularmente preocupante; y se manifiesta con especial énfasis en la permanencia de la pena de inhabilitación política dictada por la Contraloría General de la República”, sentenció.

“Hemos explicado hasta la saciedad que esta pena accesoria sólo procede cuando en un juicio ajustado a derecho, se ha determinado la culpabilidad del ciudadano y el alcance de la misma. En consecuencia, se produce una sentencia firme que atiende al tenor de la imputabilidad de los cargos. Sin embargo, constatamos que tales procedimientos no han sido observados por la Contraloría con la rigurosidad que demandan, y no se  ha cumplido con lo mínimo requerido por la Constitución para honrar los derechos políticos de estos ciudadanos. La figura de la inhabilitación política, usada en términos discrecionales, incrementa el déficit democrático que impera en nuestra sociedad, y se materializa cuando esos derechos son conculcados por vía administrativa”, condenó.

Aun más grave “es el hecho de que esa inhabilitación política se convierta en una pena permanente para el ciudadano. Es el caso, entre otros muchos, de los ciudadanos Richard Mardo o Daniel Ceballos, quienes se han acercado al CNE a denunciar que habiendo concluido la inhabilitación política, hasta la fecha permanecen inhabilitados. Esto, a pesar de las continuas diligencias emprendidas para solicitar que se verifique la irregularidad y se levante la pena que, efectivamente, ya se ha cumplido y vencido”.
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Hoy “nos valemos de esta vía para fijar posición clara frente a esta situación y solicitar una tramitación idónea y justa de dichas denuncias. Esto, a sabiendas de que tales hechos afectan el desenvolvimiento de la dinámica para elegir poderes regionales y locales a través de un proceso que, para generar confianza, debe garantizar transparencia”, puntualizó Márquez.