No hay un plan, concluye Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela. Las personas deben ser vacunadas «de manera que no implique un riesgo para ellas», señala Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología
Sobran historias y sobran paradojas. El inicio de la vacunación contra la COVID-19 en el Hotel Alba Caracas, la semana pasada, alimentó los comentarios por Whatsapp, los comentarios familiares, los rumores entre vecinos. Han sido horas de cola, sin distanciamiento social y sin tapabocas, para recibir la inmunización contra una enfermedad que se transmite justamente por la cercanía. Se chismea que la vacuna rusa Sputnik V es solo para adultos mayores y que la vacuna china es para menores de 59 años.
La administración de Nicolás Maduro asegura que existe un plan de vacunación y que ya se desarrolla su segunda fase. En declaraciones de prensa el doctor Enrique López-Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, dijo haber visto algún documento sobre la vacunación en el contexto de la mesa técnica mediada por la OPS. Pero no se sabe mucho más.
«No hay un plan de vacunación contra la COVID-19. El plan debe ser público, no es un documento de estrategia de guerra», explica Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela (MUV). El infectólogo Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), comentó un reporte de Amnistía Internacional según el cual «de 17 países cuatro no habían publicado un plan nacional de vacunación: Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela».
Varias organizaciones de salud solicitaron a la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que actúe para que la administración de Maduro presente el plan de vacunación, si es que este existe.
Lo que ha sucedido en días recientes no puede considerarse un plan de vacunación; por el contrario, es una muestra de la improvisación, afirma Lorenzo en entrevista telefónica con contrapunto.com. El médico ha difundido imágenes de bululús, de aglomeraciones en los estados Aragua y Guárico; de inmunizaciones colocadas, no con priorización, sino en función de los reclamos. Esto es lo contrario de un plan, advierte, y fustiga la exigencia del carnet de la patria.
«Un plan de vacunación debe estar publicado, debe tener acceso cualquier persona que revise los planteamientos técnicos, las vacunas que se van a usar, dónde y cómo se van a usar, cómo se van a estructurar los elementos logísticos», detalla Figuera. «Para hacer mejor las cosas hay que involucrar a los distintos factores», como las sociedades científicas, la Academia Nacional de Medicina.
Un plan necesita un equipo técnico totalmente dedicado, expertos en cadena de frío y en logística; garantizar el transporte y la alimentación. «Eso no se está haciendo», alega Lorenzo.
Por hacerlo de la manera como se está haciendo es esperable «un pico de contagios», porque las personas han estado pegadas unas de las otras, no siempre con mascarilla. «¿Es que nos olvidamos de lo que pasó en Carnaval?», se pregunta.
Las personas deben ser vacunadas «de manera que no implique un riesgo para ellas, de modo de que sea lo más diligente posible», describe Figuera. «Un médico no puede estar ocho horas haciendo una cola porque abandona su sitio de trabajo, al igual que la enfermera o alguien que trabaje en salud». Un adulto mayor de más de 80 años «no puede estar horas en una cola»
Jaime Lorenzo calcula que deben ser vacunadas 18 millones de personas en un máximo de seis meses y en varias fases. La primera fase debería estar integrada por el personal sanitario, el más expuesto; los adultos mayores divididos en grupos (por bloques de edades) y las personas con condiciones crónicas de salud (como hipertensión), por ser más vulnerables. Hasta el 30 de mayo, según datos de MUV, habían fallecido 602 trabajadores del sector salud por COVID-19 (415 médicos). Mientras más se tarde la vacunación, más riesgo de variantes del coronavirus SARS-CoV-2.
Pero «esa primera fase no se cumplió en Venezuela. La primera fase la anunciaron por lo menos cuatro veces», asevera. No solo es que no está vacunado 100% del personal sanitario; es que ni la mitad ha podido acceder a la inmunización. Un 36% de los médicos del sector público no han sido inmunizados, al igual que 73% de los del sector privado y 74% de los jubilados.
La segunda fase debería incluir a militares, policías, trabajadores de la educación, sector productivo. «Son decisiones que se deben tomar con criterio técnico», expone Lorenzo. Se pueden organizar cuantas fases sean necesarias, pero no se debería pasar a la siguiente sin haber alcanzado las metas de la anterior. Tampoco queda claro si las autoridades disponen de las segundas dosis.
Con la carta enviada a Bachelet esperan que la alta comisionada envíe una comunicación al gobierno ante la violación a los derechos humanos asociada con el combate de la COVID-19. El país requiere, sentencia Figuera, de «una vacunación sin esperas, priorizada, abierta, sin sesgos, sin discriminación, lo mejor posible»y eso se logra «con múltiples centros de vacunación». Este es «momento de todos juntos», defiende, con apoyo de trabajadores de la salud del sector privado y las agencias internacionales.
