Hay «una muy mala estrategia de las autoridades, justamente en este momento, cuando están bajo la lupa de la comunidad internacional, cuando tienen acuerdos de trabajo tanto con el alto comisionado como con la Corte Penal Internacional. Es un muy mal mensaje de su compromiso de seguir avanzando en estos temas», subraya el activista y defensor de derechos humanos
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, evalúa que hay una política sistemática del Estado venezolano contra quienes denuncian y alzan la voz. «Ya nosotros veníamos denunciando esa política sistemática de intentar neutralizar la denuncia y el acompañamiento internacional, especialmente en estos momentos en que la documentación ha logrado tener un impacto importante con la activación de mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional», señala.
Por eso, advierte Uzcátegui, «cuando Nicolás Maduro habla de regresar a la normalidad eso es parte de la normalidad: intentar imponer la cuarentena del silencio, que se hable lo menos posible de las cosas malas que están ocurriendo en el país». El compromiso de Provea es que eso no se logre.
Uzcátegui conversó con contrapunto.com en el contexto de la rueda de prensa de los activistas de derechos humanos Marino Alvarado (Provea) y el padre Alfredo Infante (presidente de la Fundación Centro Gumilla) ofrecieron para hacerle una contrapropuesta al gobernador Rafael Lacava, que los demandó por presunta difamación. Ese se convierte en un tema obligado para el coordinador de Provea, porque Lacava reaccionó de esta manera a las denuncias de
«Seguimos insistiéndole al gobernador Lacava en que este conflicto es una oportunidad. Nosotros tenemos toda la voluntad de sugerir, proponer, brindar asistencia técnica para que esos indicadores negativos que ahora él tiene puedan resolverse. Y, además, convertirse en un ente modelo de una política regional en materia de derechos humanos. Esta es la oportunidad que él tiene de resolver este conflicto, viéndole el lado positivo».
Pero, más allá de la respuesta que dé Lacava a esta oferta de los activistas de derechos humanos, Uzcátegui reitera que Provea seguirá acompañando a las víctimas. «En el estado Carabobo hay familiares a quienes venimos acompañando, al igual que en otros estados del país, y a ellos se debe nuestro trabajo».
-¿Qué habría que hacer con la policía? ¿Cuál sería el camino?
-Lo primero es que haya la voluntad política de hacer un diagnóstico, y que ese diagnóstico pueda promover algunas recomendaciones.
-¿Ese diagnóstico lo podría hacer Provea?
-Lo podríamos hacer en conjunto. Además, hay otras organizaciones que tienen el mandato. La propia Defensoría del Pueblo debería involucrarse, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas podría participar, porque uno de sus componentes es la cooperación técnica con las autoridades. Además, creo que también habría un proceso en el que deberían participar las propias víctimas, las comunidades y, por supuesto, los funcionarios policiales. Seguramente hay situaciones que atender en materia de condiciones laborales, en materia de riesgo que también, por supuesto, deben ser atendidas. Ya tenemos experiencias anteriores. Hay que recordar que hubo un proceso muy interesante en los años 2006-2007, un proceso de reforma judicial que tuvo muy buen arranque. De ese arranque podemos tener referentes para poder implementar una política regional en materia de derechos humanos. Y en este momento, que se habla tanto de diálogo, sería importantísimo como precedente de que es posible ponerse de acuerdo y poner los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier otra consideración.
-¿Que se resuelva por la vía del diálogo?
-Por la vía del consenso, de ponerse de acuerdo para garantizar lo que está presente en la Constitución, que son los derechos de los venezolanos.
-¿La demanda forma parte de lo mismo contra las organizaciones no gubernamentales?
-Nosotros, por supuesto, vemos la vinculación. Hay una política de criminalización de las organizaciones que intenta, por la vía normativa, colocar obstáculos. La ley de cooperación es la amenaza más grave, porque si ese proyecto se aprueba tal como está redactado en este momento eso significaría colocarnos a muchos al margen de la legalidad. Eso no lo podemos descontextualizar de esta situación. Además nos parece que es una muy mala estrategia de las autoridades, justamente en este momento, cuando están bajo la lupa de la comunidad internacional, cuando tienen acuerdos de trabajo tanto con el alto comisionado como con la Corte Penal Internacional. Es un muy mal mensaje de su compromiso de seguir avanzando en estos temas.
