Señaló que la «súper matraca» de la Guardia Nacional con los usuarios que hacen cola para adquirir combustible, y la detención arbitraria de la periodista Carol Romero, constituyen una violación sistemática de los DDHH, y que el silencio del Defensor del Pueblo «lo convierte en un aliado de la impunidad»
El exparlamentario, abogado y defensor de los derechos humanos (DDHH), Rafael Narváez, denunció que «el no justificar el salario como lo hace el Defensor del Pueblo, constituye un delito moral y está obligado a hacer el reintegro del salario y beneficios obtenidos al fisco nacional».
Expresó que «la indiferencia ante el dolor y sufrimiento del pueblo que luce crucificado e indefenso por la crisis sanitaria, riesgo de vida de los pacientes crónicos, por no tener la posibilidad de continuar con su tratamiento, las fallas constantes en los servidos básicos como el agua, la energía eléctrica, y el gas doméstico, sin que asuma la defensa de las víctimas, lo hacen responsable directo de estas vejaciones por parte del Estado».
Manifestó Narváez que «cuando hacemos el balance de los derechos civiles y políticos vulnerados sistemáticamente en nuestro país, como política pública por parte del Estado, la Defensoría no condena esta conducta reprochable, no exige al Ministerio Público una investigación penal por las actuaciones represivas, detenciones arbitrarias contra periodistas, médicos, parlamentarios, adolescentes con características especiales, sindicalistas, productores agropecuarios, personas que caminan para buscar alimentos en cuarentena, desapariciones forzadas de personas y torturas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado».
Asimismo, acotó que «la Defensoría del Pueblo, no tuvo opinión ante la sentencia número 65, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde pulveriza a la soberanía popular que reside en el voto, y que se pronunció el pasado 2015 eligiendo un parlamento como foro político en una verdadera democracia».
