Rafael Narváez denunció la inacción del sistema de justicia ante la «desaparición forzada» de dirigentes opositores

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El jurista exigió al TSJ poner orden ante la «justicia penal» venezolana que ha negado la información sobre el lugar de detención de miembros del partido Vente Venezuela, tanto a familiares, como a la defensa privada, que aún no ha podido tener acceso al expediente

El ex parlamentario, abogado y defensor por los derechos civiles Rafael Narváez condenó la inacción y el silencio «cómplice» del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, ante presuntos crímenes de desaparición forzada de personas, ejecutada por el sistema de justicia venezolano en contra de Luis Camacaro, Guillermo López y Juan Freites, dirigentes políticos de la organización Vente Venezuela.

Detalló que los ciudadanos en cuestión fueron víctimas de detenciones arbitrarias en enero de 2024, y que hasta hoy se desconoce su lugar de detención. Sostuvo que se trata de un plan en el que se identifican casas de dirigentes políticos de oposición, a quienes amenazan, y que hace pocos días «incursionaron en reunión política violentamente» en Charallave, estado Miranda, donde golpearon a dirigentes que esperaban la llegada de la candidata presidencial María Corina Machado.

Indicó que tras efectuarse dicho ataque, varias personas sufrieron heridas en el rostro: «Lo más grave es la inacción del sistema de justicia ante estos crímenes, tanto el de desaparición forzada de personas sin investigación penal contra los responsables, como los que ejecutan el delito de odio, desatado por la furia bolivariana, convirtiéndose en el verdugo de los derechos humanos y aliados de la impunidad», precisó a través de una nota de prensa.

Bajo estos señalamientos, el jurista exigió al Tribunal Supremo de Justicia poner orden ante la «justicia penal» nacional que continúa negando la información sobre el lugar de detención de Camacaro, López y Freites, tanto a sus familiares, como a la defensa privada que aún no ha podido tener acceso al expediente, vulnerando una vez más el debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución venezolana.

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