También pidieron medidas a favor de Tarek William Saab, explica Marino Alvarado, abogado y coordinador de exigibilidad legal de la organización
La organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resguardar al presidente Hugo Chávez y al dirigente chavista Diosdado Cabello durante el golpe de Estado de abril de 2002.
Como lo recuerda Marino Alvarado, abogado y coordinador de exigibilidad legal de Provea, la organización caracterizó los sucesos de abril como un golpe de Estado: «Se había insurgido contra un poder legítimamente constituido, y detenido arbitrariamente el presidente de la República, Hugo Chávez.
«Solicitamos a la Organización de Estados Americanos que se aplicara la Carta Democrática, hecho que posteriormente fue reconocido por el representante de Venezuela en la OEA, en el sentido de que actuamos rápidamente para que se activaran los estados del continente americano y se aplicará la Carta Democrática», detalla Alvarado en respuesta a un cuestionario de contrapunto.com.
Durante el golpe se detuvo a Chávez y se persiguió a altos representantes del gobierno y activistas sociales, rememora el defensor de derechos humanos. «En Provea nos mantuvimos con nuestras puertas abiertas atendiendo distinto tipo de abusos y denuncias que nos llegaban, e igualmente conversando con funcionarios del gobierno de Chávez que estaban siendo perseguidos». Incluso, aun cuando aclara que no pueden revelar los nombres de los funcionarios, Alvarado refiere que les pidieron contactar a embajadas para solicitar asilo o ubicar a los perseguidos en casas para evitar las detenciones. «En la medida de nuestras posibilidades prestamos apoyo a varias figuras del chavismo», confirma.
El día 12 de octubre «tomamos la decisión de solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Hugo Chávez y el diputado Diosdado Cabello. Esta solicitud, realizada por Provea, fue acompañada por tres personas que se acercaron a la oficina a ponerse a la orden para colaborar en lo que fuese necesario en defensa de los perseguidos. La comunicación fue suscrita por el abogado Ricardo Dorado, que había trabajado varios años en Provea y posteriormente fue ministro del Trabajo de Hugo Chávez; Rubén Darío González, quien fue abogado de los jubilados de Viasa, y Rodolfo Ascanio, para ese momento dirigente sindical y actualmente integrante de la Central Bolivariana de Trabajadores. Ellos tres y Provea solicitamos las medidas cautelares a la Comisión Interamericana».
La CIDH «les solicitó a quienes en ese momento tenían el control del poder, es decir, a Carmona, información sobre las condiciones en las cuales se encontraban el presidente Chávez y Diosdado Cabello. Ese elemento natural, porque la comisión tenía que pedir información a quienes en ese momento tenían la responsabilidad en materia de derechos humanos, fue lamentablemente usado por el gobierno de Chávez como si la comisión hubiese reconocido al gobierno de Carmona», refiere.
Los hechos muestran lo contrario. «Cuando se busca en los archivos de la CIDH la comunicación enviada se puede claramente precisar que no hubo tal reconocimiento; tan es así, que la comisión se refiere a quienes de hecho ejercen en este momento el control político y tienen responsabilidad sobre la situación de derechos humanos».
Ironías de la vida, Provea ha sido señalada por los funcionarios que defendió. «Nunca fue capaz el presidente Chávez, y mucho menos Diosdado Cabello, de reconocer la solicitud de medidas cautelares que realizamos en su favor; medidas que fueron suscritas por una persona que posteriormente fue su ministro de Trabajo, el abogado Ricardo Dorado, junto a las otras dos personas ya señaladas y el equipo de prueba».
Provea actuó para resguardar a otros funcionarios. «También realizamos solicitud de medidas cautelares, elaboradas en el marco de ese trabajo en equipo, a favor del para ese momento diputado Tarek William Saab, quien por cierto nunca ha reconocido el papel que jugó Provea en su favor en esos momentos difíciles: no solo porque solicitó las medidas cautelares que fueron dictadas a su favor de manera muy rápida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que una parte del equipo de Provea se desplazó hacia lo que para ese momento era Disip, hoy Sebin, a velar por su integridad física. Los documentos están ahí refrendados, recibidos por la Comisión Interamericana, respondidos por la Comisión Interamericana. Historia que no pueden borrar».
En cuanto a la seguridad de Provea, Alvarado rememora que el 11 y 12 de abril recibieron información acerca de un posible allanamiento a la sede de la organización. «Frente a esa situación reunimos el equipo de trabajo y decidimos que se quedaba en la oficina solo el personal que fuese estrictamente necesario para hacer las labores de denuncia pública y de atención a las víctimas que llegaban a la oficina o que se comunicaban vía telefónica».
A pesar del riesgo, reconoce, «hubo personal que decidió quedarse más allá de que habíamos decidido que salieran de la oficina, pero ellos consideraron que en ese momento difícil que se estaba viviendo en algo podrían colaborar. Efectivamente, una buena parte del personal se quedó corriendo el riesgo, pero siempre con la disposición de atender a las víctimas».
El 13 de abril, cuando comenzó la concentración en los alrededores del Palacio de Miraflores, «consideramos que se podía vivir una situación de altos niveles de represión. Algunos nos mantuvimos en la oficina, y otros se desplazaron hacia distintos lugares de Caracas donde había movilizaciones para monitorear lo que estaba ocurriendo. Tanto el día 12 como el día 13 de abril salimos de las oficinas a altas horas de la noche; tratamos de mantener abiertas las puertas de la oficina la mayor cantidad de horas posibles, atendiendo a personas que llegaban o que llamaban. Realmente la mayor cantidad de situaciones se daban vía telefónica».
Veintidós años después «lo seguimos calificando así: como un golpe de Estado que teníamos el deber de cuestionar; como cuestionamos los intentos de golpe de estado en 1992, y como condenamos hoy el hecho de que se hayan pulverizado las instituciones y que no estén al servicio de la gente sino del partido de gobierno».
En Provea, certifica, «seguimos con la frente en alto luchando por el regreso de la democracia; seguimos denunciando los abusos, incluyendo los crímenes de lesa humanidad que se han cometido; continuamos, como siempre lo hemos hecho, acompañando a las víctimas sin importar lo que políticamente opinen, la condición social que tengan o el trabajo que realizan».
Igual que en 2002 «somos fieles a nuestro lema: derechos humanos para todos y todas. Somos gente que ayuda y que sigue adelante pese a las amenazas y adversidades».
