El dirigente de Voluntad Popular afirma en tres tuits publicados en su cuenta de la red social Twitter, que el partido de Julio Borges decidió no ejecutar el presupuesto de la AN 2023. El periodista Vladimir Villegas aseguró que eso se debe a las consecuencias contempladas en la Ley de Protección de Activos en el Exterior
“Tal como advertimos, Primero Justicia decidió ayer no ejecutar presupuesto de la AN 2023. Eso afecta el pago de abogados, auditores, contadores, consejo técnico de administración de activos, juntas directivas, entre otros. En la práctica, es la devolución de los activos a Maduro”, afirmó el dirigente de Voluntad Popular Yon Goicoechea en su cuenta en la red social Twitter.
En tres tuits, Goicoechea le reprocha a la dirigencia del partido que encabeza Henrique Capriles Radonsky su decisión de no seguir empleando recursos del Estado venezolano para pagar la nómina del gobierno interino.
Goicoechea afirma, en su segundo tuit, que “En la práctica, Maduro obtendrá el dinero del Banco Central de Venezuela en Inglaterra, la pérdida segura de Citgo y varios miles de millones para la campaña de Maduro 2024. Como miembro del Consejo de Administración y Protección de Activos, daré rueda de prensa para explicar esto”.
El dinero en Inglaterra es el oro depositado en ese país y que algunos estiman tiene un valor de 2.000 millones de dólares, cuya administración se han venido disputando desde hace dos años el gobierno de Maduro y la administración de Guaidó. El litigio está dirimiéndose en los tribunales de ese país.
En su tercer tuit, Goicoechea afirma que “Entregar la AN no puede ser una decisión de un grupo de presión, dentro de un partido. Le pido a los diputados y a los periodistas estar atentos, para explicarles en detalle lo que implica esta decisión”.
Según el periodista Vladimir Villegas, la dirección de Primero Justicia habría decidido no seguir destinando recursos en poder del gobierno interino como consecuencia de la promulgación de la Ley de Protección de Activos en el Exterior, en la cual se contemplan penas de cárcel para quienes hagan uso de recursos pertenecientes al Estado venezolano sin tener la potestad legal para hacerlo.
