PCV rechaza operación del Comando Sur en Bolívar y denuncia violación de la soberanía nacional

La organización invocó el artículo 333 de la Constitución, el cual establece que cuando esta deje de observarse por actos de fuerza, todo ciudadano tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, concluyendo que "la defensa de la soberanía no puede quedar en manos de quienes la negocian" y que corresponde al pueblo impedir que el país sea convertido en una plataforma de dominación extranjera

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El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazó de manera categórica la reciente operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano, la cual culminó con la ejecución extrajudicial de Héctor Guerrero Flores, conocido como alias “Niño Guerrero”, en el estado Bolívar. De acuerdo con el partido, la propia administración de los Estados Unidos reconoció que la acción fue realizada por el Comando Sur en coordinación con autoridades venezolanas, mientras que el Gobierno nacional guardó silencio hasta que Washington decidió hacer pública la operación.

El PCV calificó este hecho como una nueva incursión militar extranjera en territorio nacional, señalándolo como otro episodio de violación de la soberanía venezolana y de subordinación del Gobierno a los intereses de Estados Unidos. Al respecto, la organización recordó que esta es «la misma potencia que hace pocos meses bombardeó Caracas y secuestró a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y hoy actúa como poder tutelar sobre las decisiones fundamentales del país».

Asimismo, el partido criticó que el Ejecutivo nacional, tras haber negado durante años la existencia del Tren de Aragua, pretenda ahora presentar como un éxito una operación conjunta con fuerzas estadounidenses para ejecutar a quien reconoce como fundador y principal dirigente de dicha banda criminal.

Para la organización política, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no puede convertirse en una coartada para legitimar operaciones militares extranjeras, la cesión de soberanía ni la presencia de aparatos de guerra de una potencia imperialista. El PCV advirtió que, según la experiencia internacional, detrás de este tipo de intervenciones suelen esconderse intereses económicos vinculados al control de recursos naturales y territorios estratégicos.

En el caso específico del estado Bolívar, donde se concentran importantes reservas de oro y otros minerales, el partido manifestó su preocupación de que estas acciones sirvan para afianzar el control de corporaciones transnacionales interesadas en la expoliación, en lugar de garantizar la seguridad de las comunidades afectadas por la violencia.

Alerta sobre ejecuciones extrajudiciales y llamado a la movilización

Por otra parte, la tolda política alertó sobre la gravedad de la ejecución extrajudicial anunciada por las autoridades estadounidenses, enfatizando que ninguna persona puede ser privada arbitrariamente de la vida al margen de un debido proceso. El partido denunció que la ejecución sumaria constituye una violación de los principios fundamentales del derecho internacional y de las garantías universales de derechos humanos, apuntando que Estados Unidos ha incurrido reiteradamente en este tipo de prácticas «desde que a mediados de 2025 comenzara a asesinar personas en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico».

En su pronunciamiento, el PCV recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la obligación de defender la independencia y la soberanía de la nación, afirmando que ningún acuerdo opaco entre gobiernos puede colocarse por encima de la voluntad popular ni del ordenamiento constitucional.

Ante lo que consideran una nueva vulneración a la soberanía, el Partido Comunista de Venezuela hizo un llamado a los trabajadores, campesinos, estudiantes, movimientos populares, organizaciones democráticas y fuerzas patrióticas a mantenerse vigilantes y movilizados en defensa de la independencia nacional, los recursos estratégicos y los derechos del pueblo.

Finalmente, la organización invocó el artículo 333 de la Constitución, el cual establece que cuando esta deje de observarse por actos de fuerza, todo ciudadano tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, concluyendo que «la defensa de la soberanía no puede quedar en manos de quienes la negocian» y que corresponde al pueblo impedir que el país sea convertido en una plataforma de dominación extranjera.

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