Las acciones de Jorge Rodríguez «demuestran la fortaleza de nuestras opiniones y posiciones: ante la ausencia de argumentos para rebatirlas, intentan acallar e impedir que sean del conocimiento del pueblo en general y, en particular, de los núcleos populares de base chavista»
En la sesión parlamentaria del martes 2 de marzo, le fue negado el derecho de palabra al diputado comunista Oscar Figuera González, electo en lista nacional de la Alternativa Popular Revolucionaria.
«Los hechos se concretaron cuando se discutían los puntos 3 y 4 del Orden del Día.
En una primera oportunidad, cuando se desarrollaba la discusión del proyecto de Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia», detalló una nota de prensa. Incluso, consignó por escrito ante la Secretaría su solicitud de derecho de palabra, pero no recibió ninguna respuesta.
En el punto siguiente, dedicado a la “Presentación del Plan Legislativo correspondiente al año 2021”, el diputado Figuera solicitó a viva voz, fuerte y audible, el derecho de palabra, sin que le fuese concedido.
«La conducta asumida por el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, configura un descarado atropello violatorio de las más elementales normas que rigen la vida parlamentaria y está totalmente reñida con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional», condenó el PCV.
«La conducta de Rodríguez, lejos de desanimarnos o de amedrentados, deja en evidencia la necesidad de impulsar un genuino debate en el seno del poder legislativo. Sus acciones demuestran la fortaleza de nuestras opiniones y posiciones: ante la ausencia de argumentos para rebatirlas, intentan acallar e impedir que sean del conocimiento del pueblo en general y, en particular, de los núcleos populares de base chavista», sentenció el partido del gallo rojo.
El PCV «no retrocederá en su consecuente defensa de los intereses de las amplias mayorías que hoy demandan de la AN una actuación que dé respuesta a la crisis que atraviesa el país. Estamos convencidos de que la denuncia pública y la movilización popular revolucionaria son legítimos derechos del pueblo trabajador de la ciudad y el campo; y la diputación del PCV-APR los defenderá».
