Según requerimientos del Estatuto de Roma, no hay pruebas de que Maduro ni Cabello hayan cometido crímenes de lesa humanidad, aseguró el activista por la defensa de los derechos humanos
El dirigente político y opositor al gobierno de Maduro, Enrique Ochoa Antich aseguró que el informe presentado este martes ante el Consejo de DDHH de la ONU por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, está sesgado por intereses políticos, aunque es cierto que esas violaciones a los derechos humanos ocurren en Venezuela.
Ochoa Antich señala que «se necesita un Pacto Nacional en DDHH que saque este tema de la política subalterna», y que «las ONGs en DDHH de Venezuela que favorezcan un cambio pactado y en paz deben solicitar a la ONU que no se renueve el mandato de la Misión», dijo.
Luego de una primera revisión del informe, el activista político y de derechos humanos Enrique Ochoa Antich asegura que en Venezuela se cometen numerosas violaciones a los derechos humanos, pero afirma que no existe prueba suficiente acerca de que el presidente Nicolás Maduro o Diosdado Cabello ordenen su comisión.
«Efectivamente se ejecuta, se tortura, se detiene a miles violando el debido proceso, afirma», Ochoa Antich.
Según el dirigente «los hechos que se describen en el informe ocurren y no desde 2014, ni desde 1998 ni desde 1960, sino desde siempre, y no sólo en Venezuela sino en toda América Latina aunque en distintas proporciones».
Según su criterio, eso supone una responsabilidad del Estado. Pero los crímenes de lesa humanidad reclaman una responsabilidad individual con arreglo al Estatuto de Roma, por lo que EOA reclama que los ddhh no se conviertan en un «arma arrojadiza» contra el adversario político. EOA cree que los informes de la Misión de Verificación de Hechos están sesgados por intereses políticos y sus supuestas «pruebas» contra Maduro y Cabello son insuficientes. Como el mismo informe dice, «Este estándar probatorio es inferior al exigido en los procedimientos penales para una condena».
Ochoa Antich asegura que «Se nota que este informe está vinculado con el interés de la oposición extremista de insistir en el camino del juicio a Maduro para boicotear un proceso de negociación política con él, que es la única vía democrática de cambio pactado posible».
Según su opinión, y de acuerdo a los artículos 28 y 30 del Estatuto de Roma se exige participación directa y material, además de conocimiento e intención para ser responsable por un crimen de lesa humanidad, y no, como se hace en el informe, pretender probar esa responsabilidad «porque éste dijo, que aquél dijo».
«Como suelo decir lo que pienso y hacer lo que digo, tengo que afirmar que al menos en el informe de la Misión de Verificación de Hechos no hay prueba alguna de que Maduro o Cabello sean responsables de crímenes de lesa humanidad», subrayó el dirigente político.
Según su criterio, “que este dijo, que aquél dijo” no es un argumento serio para una acusación tan delicada.
«Por ejemplo, la mención tangencial de la Vicepresidenta es una ridiculez», observó.
Según su criterio, son más plausibles otras como la del general Gustavo González López, director del SEBIN, la del Director de la DGCIM, el General Hernández Dala; la del Director de Asuntos Especiales (DAE), Alexánder Enrique Granko Arteaga; y la de un alto cargo del SEBIN, Carlos Alberto Calderón Chirinos.
«Necesitamos un Pacto Nacional en DDHH que saque este tema de la política subalterna y permita enfrentarlo mediante un acuerdo entre gobierno y oposición, chavismo y antichavismo, civiles y militares, trabajadores y empresarios», sentenció.
Por último, consideró que las ONGs en DDHH de Venezuela que favorezcan un cambio pactado y en paz deben solicitar a la ONU que no se renueve el mandato de la Misión, lo que por su parte va a hacer.