La diputada de la fracción Libertad y presidenta de Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia, Nora Bracho, calificó la situación actual de Venezuela como un escenario de «colapso» y «polarización» tras casi tres décadas de lo que denunció como abusos de poder.
En declaraciones recientes, la parlamentaria señaló que el sistema judicial ha funcionado como un «brazo ejecutor» para perseguir a la disidencia política en un país sin separación de poderes ni respeto a la Constitución.
Bracho vinculó la crisis institucional actual con los eventos electorales del pasado año. «En el 2024 la institución del voto se perdió completamente», afirmó la diputada, sosteniendo que en los comicios del 28 de julio se despojó a los ciudadanos de una «ilusión de cambio».
La representante zuliana describió un panorama de «miseria» económica, destacando la brecha entre los ingresos y el costo de vida básico. Según Bracho, la realidad del país es «terrible y calamitosa», con sueldos que impiden el acceso a alimentos y medicinas esenciales.
- Ingresos mínimos: Denunció que existen sectores donde se perciben $2, mientras que algunos pensionados ganan apenas 0,40 centavos de dólar.
- Salud: Ejemplificó la precariedad señalando que un pensionado no puede costear un medicamento como el Losartán, cuyo precio ronda los $2.
- Servicios Públicos: Calificó la situación de la electricidad y el agua como un «desastre» permanente.
Para la diputada, la reconstrucción de la nación requiere una hoja de ruta clara que incluya la estabilización económica y una transición política definida. «Estamos total y absolutamente de acuerdo con una transición que nos conduzca a unas elecciones libres», manifestó. Según su planteamiento, este proceso debe pasar obligatoriamente por:
- Nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE): Elección de autoridades electorales imparciales.
- Separación de poderes: Designación de un Fiscal General probo y un Defensor del Pueblo que «realmente defienda al pueblo».
- Emergencia económica: Implementación de medidas urgentes para recuperar el valor del dinero y el poder adquisitivo.
Bracho informó que se encuentran trabajando en el seguimiento de una Ley de Amnistía, la cual considera el «primer paso» para la transformación del país. Subrayó que la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados son fundamentales para que la disidencia deje de ser considerada un crimen.
Finalmente, la legisladora exigió el desmontaje de lo que llamó el «entramado de persecución» laboral y política. Para ello, propuso la derogación de la Ley del Odio y la Ley Simón Bolívar, así como la eliminación definitiva de mecanismos de control social. «La lista Tascón y la lista Maizanta deben ser totalmente eliminadas y desterradas», concluyó Bracho, insistiendo en que no se puede exigir alineación política a los ciudadanos para respetar sus derechos.
