Marino Alvarado, directivo de la ONG Provea, expuso un panorama desolador sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante su participación en el Foro Pensar Venezuela, que se realizó en la Sala E de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Alvarado afirmó que en el país se ha instaurado un «terrorismo de Estado», una categorización respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se manifiesta en la represión sistemática, la criminalización de la disidencia y la vulneración de las garantías fundamentales para la población.
El activista tuvo una ponencia en la que comenzó su intervención agradeciendo a la comunidad universitaria por «generar espacios para la reflexión sobre el futuro de Venezuela, en un contexto donde el temor y la desesperanza buscan silenciar a la sociedad». Subrayó que, «a pesar del terror, la verdad y la resistencia del pueblo persisten».
El directivo de Provea presentó cifras alarmantes que ilustran la magnitud de la crisis. En el 2024, se registraron 2.635 detenciones arbitrarias, sumadas a las 2.400 detenciones oficiales tras las protestas de julio y agosto de 2024. Además, en su balance contabilizó 808 víctimas de violaciones a la integridad personal, incluyendo malos tratos y torturas.
Para él, «una de las denuncias más preocupantes es la existencia de 22 casos de desaparición forzada documentados por Provea, algunos con varios meses sin rastro de las personas, incluyendo un ciudadano uruguayo desaparecido desde septiembre pasado, sin que el cuerpo diplomático haya recibido información sobre su paradero».
En ese sentido, Alvarado estimó que «hay cerca de 1.000 presos políticos en el país y casi 15.000 personas bajo régimen de presentación por motivos políticos».
Patrones represivos del Estado
Alvarado destacó la consolidación de varios patrones represivos:
Desaparición forzada: Calificó esta práctica como «una política de Estado y un crimen de lesa humanidad, tal como lo ha señalado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional». Aseguró que «cualquier persona detenida por motivos políticos corre el riesgo de sufrir esta violación».
Incomunicación prolongada: Mencionó casos de presos políticos que llevan hasta ocho meses sin visitas familiares ni contacto con sus abogados.
Imposición de abogados públicos: A pesar del derecho constitucional dicta que el detenido puede asignar a un abogado de confianza, «la gran mayoría de los detenidos en el contexto de la represión reciente han sido obligados a aceptar defensores públicos».
Obstaculización del acceso a abogados: Denunció que en muchos casos, «los abogados de confianza no son recibidos por las autoridades judiciales y policiales, impidiendo una defensa adecuada».
Según Alvarado, el Estado venezolano ha configurado «un estado continuo de abuso y represión, expandiendo el temor colectivo y afectando incluso a funcionarios de alto nivel, como el caso del exministro Tareck El Aissami, sometido a desaparición forzada».
Crisis humanitaria y social
La ponencia también abordó la profunda crisis humanitaria y social que vive Venezuela:
Seguridad ciudadana y ejecuciones extrajudiciales: La seguridad es medida por el número de muertes a manos de las fuerzas policiales. «En 2020 se registraron 3.034 personas asesinadas por policías y militares, cifra que, aunque disminuyó a 552 el año pasado, sigue siendo alarmante. Menos del 1% de estas muertes son investigadas y sancionadas. Alvarado aplaudió la resistencia de madres como Carmen Arroyo, quien logró la condena del funcionario que asesinó a su hijo».
Desnutrición y hambre: Se refirió a «estudios que demuestran la pérdida de talla en niños venezolanos debido a la desnutrición». Relató cómo educadores reportan desmayos de niños en las escuelas por falta de alimentación, una situación que calificó de «maldad» por parte del gobierno al permitir que los jubilados y pensionados subsistan con un dólar al mes.
Pulverización de beneficios laborales: Denunció los salarios «miserables» de los profesores universitarios y la pensión de un dólar que reciben millones de jubilados, quienes a veces se ven obligados a pedir comida.
Impacto de las sanciones económicas: Provea, aunque se opone las sanciones por considerar que afectan a la población, advierte sobre el riesgo de que estas profundicen la explotación de la minería, afectando a pueblos indígenas y destruyendo sus territorios.
Resistencia y esperanza
A pesar del desolador panorama, Alvarado enfatizó que existe una resistencia activa en el país. Destacó la labor de las madres de víctimas, los profesores universitarios, los sindicalistas y los familiares de presos políticos, quienes, a pesar del acoso y el miedo, persisten en su lucha.
Mencionó ejemplos de victorias, como la condena de funcionarios policiales por casos de ejecuciones extrajudiciales, la organización autónoma de las elecciones de la Federación Venezolana de Maestros, y las pequeñas victorias sindicales. Resaltó la movilización del pueblo el 28 de junio como una muestra de conciencia colectiva y capacidad de resistencia.
Alvarado concluyó que, a pesar de la intención de «amargar la vida» y generar sufrimiento, el pueblo venezolano no será silenciado. Calificó eventos como el Foro Pensar Venezuela como un «acto de rebeldía y resistencia constitucional», un recordatorio de que «hasta sonreír es un acto de resistencia» en Venezuela.
