¿Lo bueno? Comenzaron a recuperarse los esquemas tripartitos, destaca el jurista Jesús María Casal. Dos centrales sindicales no firmaron el documento final, subraya Emilio Negrín, de Codesa. Después de la excarcelación de los dirigentes sindicales Rodney Álvarez y Eudis Girot no se han ejecutado nuevas medidas a favor de los trabajadores presos. No hay una aceptación expresa de las recomendaciones de la OIT, pero sí, una aceptación tácita, afirma Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras
Años de conflicto no se borraron de un plumazo por la visita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Venezuela, en abril pasado. Pero sin duda que algo se movió con la llegada al país de un grupo de delegados de la OIT, y con el foro social efectuado del 25 al 28 de abril en Caracas. El pasado viernes 13 de mayo, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) realizó un conversatorio en el que se analizaron algunos de los aspectos de este diálogo social y sus consecuencias para el país.
La presencia de la OIT se concreta después de un largo tránsito que incluyó, a partir de 2018, la instalación de la Comisión de Encuesta, el máximo mecanismo de presión de la organización.
«En marzo de 2018 el Consejo de Administración de la OIT estableció una Comisión de Encuesta, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la OIT, para examinar una queja presentada en junio de 2015 por 33 delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). La queja denunciaba la inobservancia de los Convenios de la OIT número 26 (Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928), número 87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948) y número 144 (Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976) y alegaba, en particular, actos de violencia, otras agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a la organización de empleadores Fedecámaras, incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y exclusión del diálogo social», resume Naciones Unidas.
Esto es, en voz de sus protagonistas, lo bueno, lo malo, lo feo y algo más del diálogo social promovido por la OIT.
Lo bueno. Comenzó a retomarse el diálogo tripartito. «Uno de los temas planteados en la mesa es la necesidad de recuperar los esquemas tripartitos para la discusión sobre las relaciones laborales en distintos aspectos concernientes a los derechos de los trabajadores», subraya Jesús María Casal, decano de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Marcela León, presidenta de la central ASI (una de las firmantes de los acuerdos con la OIT), recuerda que en 2014 vino una misión de la OIT a Venezuela «y estuvimos todos llevando denuncias a esa misión de tres funcionarios; se estableció un trabajo con el Ministerio del Trabajo que no se cumplió. Nunca nos atendieron en ese cronograma que se hizo». León explica que en 2018 debía venir otra misión de la OIT «y no fue permitido su ingreso».
La actuación de la OIT «debe ser analizada. Ha sido valiente. La Organización Internacional del Trabajo, por primera vez en muchos años, emitió un informe tan duro como el de la Comisión de Encuestas, relatando con sumo detalle y con gran tino esas violaciones a la libertad sindical; ese desconocimiento de los espacios de libertad en el ámbito social», destaca Casal.
Para Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, no es un detalle menor el que se abriera una comisión de encuestas, que es «excepcionalísima en los anales de la Organización Internacional del Trabajo, porque solamente se ha hecho en 13 oportunidades y es la primera vez que se hace por una querella introducida por una organización de empleadores». Eso «aunque parece poca cosa, no lo es, y da medida del agotamiento de esa paciencia inagotable, porque la comisión de alto nivel de la OIT no habían podido materializar ningún avance».
La OIT «fue muy valiente en el planteamiento del informe, pero fue también valiente al venir a Venezuela y tratar de sentar en la mesa a los actores correspondientes para buscar una solución», expone Casal.
Aunque a varios trabajadores se les negó la participación en el diálogo social en Caracas, dos de ellos fueron recibidos por la OIT «en un acto simbólico que debemos valorar», enfatiza Enrique Marín, profesor de la UCAB.
Para Fedecámaras una de las conquistas más importantes es el acompañamiento de la OIT. «Una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que la mitad del tiempo se perdía en que nosotros decíamos blanco y ellos decían negro, y al final no se sabía de qué color había sido el tema». Ahora es el acompañante el que dice cómo han sido las cosas, destaca Fernández.
Reivindica que se haya realizado el foro social en Caracas y que hayan venido al país nueve delegados de alto nivel de la OIT, «cosa que tampoco es común». También reconoce el rol del director de la OIT, Guy Ryder, que ha tenido «una habilidad realmente extraordinaria», ha participado expresamente. Y considera que hay «un buen mensaje del gobierno, no solo por la participación de la vicepresidenta y del canciller en la instalación, sino por el hecho de haber sido recibidos por el presidente de la República, algo que no estaba previsto».
Una decisión fundamental es «que ya quedó constituido el foro para septiembre» y el propio ministro del Trabajo «pudo dar su consentimiento porque de esa reunión en Miraflores salió con la aprobación del presidente», refiere Fernández. Queda claro, por otra parte, que el diálogo va a ser permanente y con el acompañamiento de la oficina de la OIT en Lima, revisión de los avances y responsabilidades.
Lo malo. Dos centrales sindicales de las siete que están activas en Venezuela -Unete y Codesa- no firmaron el documento final. «Tanto la central Unete como la central Codesa no lo firmamos y consignamos denuncias por escrito. Esto no se quedó en meras palabras», señala Emilio Negrín, dirigente sindical de Codesa.
La primera denuncia que se consignó, detalla Negrín, fue la del impedimento del ingreso a las reuniones en Caracas de los dirigentes José Patines y Rubén González. Supuestamente «había una objeción para que ellos participaran allí, porque solamente era con los representantes de las centrales, cosa que no tenía que ver porque el mismo informe de la OIT nos dice que el registro de las centrales y organizaciones sindicales no dependen del ente gubernamental».
También dejaron por escrito las observaciones de Codesa al documento final, suma Negrín. El texto decía que se reconocían los avances del gobierno en los tres convenios que se denuncia que violenta. «Desde el punto de vista del derecho no puedes avanzar en algo si no lo has comenzado a hacer. ¿Hay violación de derechos humanos laborales? Sí la hay. ¿Hay trabajadores presos? Sí los hay. No los han soltado. Entonces no se ha avanzado en el 144».
Tampoco se fijaron los criterios para la discusión del salario básico, sostiene. «Entonces tampoco avanzamos en ese sentido». En los temas del artículo 87, sobre libertad sindical, tampoco hay cambios. «Siguen las violaciones», asegura.
«Pero creo que si al final queda muy claro, como pienso que es así, que de lo que se trata es de defender la libertad sindical, todo sindicato debe estar siempre en esa causa de defensa de la libertad sindical, por encima de cualquier otro interés», evalúa Jesús María Casal.
Las manifestaciones y el descontento de los trabajadores no han cesado. El sector universitario se ha mantenido en la calle para exigir la restitución de las primas y los beneficios que fueron reducidos. Sindicatos de la administración pública se mantienen en conflicto por la disminución de los salarios.
Lo feo. Después de la excarcelación de los dirigentes sindicales Rodney Álvarez y Eudis Girot no se han ejecutado nuevas medidas a favor de los trabajadores presos. Según Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra-UCV, hay más de 100 trabajadores tras las rejas.
«Cualquier dirigente sindical que todavía se encuentre privado de libertad debe ser liberado. Y que se den verdaderas liberaciones, no simplemente pretendidas medidas humanitarias donde mantienen los juicios abiertos, los siguen sometiendo a presentaciones periódicas. Simplemente hay que dictar sentencias absolutorias y que la gente pueda recuperar su libertad, porque de otra manera no puede haber un ejercicio aguerrido, valiente, como tiene que ser, de la libertad sindical», insiste Casal.
El foro de diálogo social «no era la instalación de una comisión tripartita; era un foro de diálogo en vías de la instalación de la comisión tripartita, que puede darse en el mes de septiembre si se cumple con una serie de reuniones que se pautaron de aquí a septiembre», puntualiza Negrín.
Codesa y Unete reiteraron que la OIT debía tener una comisión técnica permanente en Venezuela, y no lo lograron. «La OIT depende de lo que el Estado diga. No se pueden instalar. Deben entrar a Venezuela por invitación del Estado, y en esto no hubo acuerdo».
Hubo «una comunicación directa entre los empleadores y los representantes de los trabajadores, y eso es muy importante; hubo un diálogo franco entre los representantes de Fedecámaras y Fedeindustria, pero hay una realidad que los trabajadores no pueden obviar: la empresa venezolana está atada al Estado, porque la permisología, la importación, los códigos, todo pasa por manos del Estado», razona Emilio Negrín.
Algo más. El deterioro en las relaciones laborales va mucho más allá de los tres convenios por los cuales la OIT interpela a Venezuela, como lo recuerda Carlos Fernández.
No ha habido una aceptación expresa del gobierno de Maduro de lo que plantea la comisión de encuestas de la OIT. «Cuando el gobierno responde a la decisión básicamente se va en elementos de forma, alega que hay algunas cosas que no puede aplicar porque son contrarias a las leyes, y para nosotros, que somos parte de los querellantes acompañados por organizaciones de trabajadores nos comienza a generar un problema interno» y es «cómo se hace con un país que no quiere aceptar las recomendaciones del órgano más importante de control de la propia institución. Es una discusión que estuvo dos años», relata Fernández.
Pero la realidad es que hay «una aceptación tácita, mediante la aplicación de algunas de esas recomendaciones que están allí», agrega. «Para nosotros es muy importante que, aunque no haya aceptación expresa, se empiecen a aplicar las recomendaciones en lo que hemos llamado una aceptación tácita».
El seguimiento de los acuerdos a lo mejor parece que quedó en el aire o no es tan concreto como las organizaciones esperarían. La propia OIT «va a estar atenta a los acontecimientos, pero el solo hecho de que se haya dado esa visita indica que hay una voluntad de las partes de que se produzcan avances; por lo menos, en este terreno», destaca Casal.
La OIT «va a estar en un seguimiento constante de lo que aquí suceda, y cualquier retroceso manifiesto va a ser nuevamente denunciado», afirma el profesor. «El gobierno abrió una puerta, que tenía que abrirla; sabemos que el gobierno ha sido hasta ahora resistente a que cualquier organismo internacional pueda cumplir sus funciones respecto de Venezuela. En este caso, abrió una puerta, y pienso que eso significa que viene un camino en el cual el gobierno está consciente de que hay ese seguimiento de la OIT, y de que todo lo que haga tiene que estar en el marco de los acuerdos internacionales».
Para Casal el gobierno de Maduro sabe «que con la OIT no se juega; ellos no tienen otro interés aquí que no sea el de hacer cumplir los convenios de la OIT».
En los próximos meses no se dialogará únicamente sobre los tres convenios, insiste José Elías Torres, secretario general de la CTV. «El hecho de sentarse en estas comisiones es un avance, porque tienes el interlocutor al que le vas a decir, le vas exigir y va a tener que cumplir». Torres admite que en la CTV hay dudas sobre el cumplimiento por parte de las autoridades «porque el gobierno ha sido tramposo; no podemos decir que no. Han venido otras organizaciones y no se han montado en el avión cuando ya empiezan a incumplir». Sin embargo, «vamos a darle un voto de confianza en esta oportunidad, sin bajar la guardia, sin bajar la resistencia que tenemos que tener, pero tenemos que probar que en esta oportunidad podamos tener resultados que otras veces no hemos tenido. Esto no significa que hemos capitulado en nuestras presiones de calle para que podamos tener los resultados que queremos y que tanto necesitan los trabajadores, jubilados y todo el pueblo venezolano».
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, por su parte, desarrolla «un programa permanente sobre formación en diálogo social, para crear en el país una cultura de diálogo social».
