La Universidad Central de Venezuela (UCV), principal casa de estudios del país, señaló este jueves que la Administración de Nicolás Maduro debe contribuir a la gestación de un clima propicio que lleve a una negociación para una «transición pacífica a la democracia».
«Respeto a la Constitución, voluntad sincera de diálogo y liberación plena de las víctimas de detenciones arbitrarias y juicios injustos constituirían una significativa contribución del Gobierno a la gestación de un clima propicio a un proceso de negociación con participación de un espectro amplio de actores para una transición pacífica a la democracia», señaló el Consejo Universitario en un comunicado publicado en la red social X.
La UCV reiteró la oferta de sus espacios «siempre abiertos para el encuentro respetuoso y el debate constructivo», al tiempo que dijo que pone sus capacidades intelectuales y sus competencias técnicas al servicio del interés nacional, para que «reinen en Venezuela la verdad, la justicia, la libertad y la paz».
Asimismo, dijo que la Constitución proporciona el «marco adecuado» para la búsqueda de los «entendimientos indispensables entre los distintos sectores que componen el cuerpo de la nación, de cara a la restauración plena del orden democrático».
La universidad indicó que la crisis venezolana se profundizó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como el ganador, mientras que la oposición mayoritaria reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.
El CNE no ha publicado los resultados desagregados que confirmen la victoria de Maduro, pese a que así está establecido en su cronograma oficial, al tiempo que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, asegura que ha reunido el «85% de las actas electorales» como evidencia del triunfo de González Urrutia.
Ante esto, la UCV indicó que la “inobservancia” por el CNE de las «prescripciones legales en que se funda la confiabilidad del proceso, y las actuaciones de ese y otros poderes públicos con prescindencia de aquella obligación, incluido el acto de juramentación del cargo presidencial el pasado 10 de enero, están, por lo tanto, en el centro mismo de la crisis nacional».
«En lugar de corregir los errores mediante la negociación de acuerdos con los diferentes actores institucionales, sociales y políticos, el Gobierno nacional ha optado por reprimir las manifestaciones de descontento popular y perseguir hasta las más inocuas formas de disidencia», apostilló.
Añadió que esta «represión» vulnera el Estado de derecho, «reduce casi hasta su desaparición el espacio cívico, atenta contra los derechos humanos y estimula la emigración, al paso que construye y difunde a través de su aparato propagandístico una narrativa que conviene a sus propósitos».
