Gustavo Martínez, vocero de Marea Socialista, expresó su rechazo a las elecciones regionales y parlamentarias programadas para el 25 de mayo en Venezuela, calificándolas como un proceso sin garantías democráticas y marcado por la exclusión de organizaciones políticas independientes.
Durante su intervención, Martínez señaló que instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han sido instrumentalizadas para obstaculizar la participación de partidos opositores.
En ese sentido, mencionó casos como el de la Unión Política Popular 89 (UPP 89), el Partido Comunista de Venezuela (PCV-Dignidad) y Patria Para Todos – Alternativa Popular Revolucionaria (PPT-APR), cuyas tarjetas electorales han sido retiradas o entregadas a figuras afines al oficialismo.
Asimismo, denunció que organizaciones como el Movimiento Popular Alternativo (MPA) ha enfrentado trabas burocráticas por parte del CNE, impidiéndoles legalizarse como partidos políticos.
Martínez recordó que Marea Socialista «ha intentado sin éxito obtener su legalización desde 2015, siendo rechazada por el CNE bajo el argumento de que su nombre es una «frase» y no una denominación partidista».
El dirigente también criticó la falta de transparencia del CNE, señalando que aún no se han presentado los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de 2024, lo que genera desconfianza en el sistema electoral.
«Los resultados serán los que el CNE diga», afirmó, destacando la percepción generalizada de que el proceso electoral carece de credibilidad.
Martínez hizo un llamado a la movilización popular para recuperar los derechos políticos y sociales, enfatizando que la democracia en Venezuela depende de la capacidad de lucha del pueblo.
«Vamos a seguir en la calle peleando por todos los derechos», concluyó, instando a la construcción de una alternativa política que represente genuinamente a la clase trabajadora y a los sectores populares.
Para algunos expertos en el ámbito político, las elecciones del 25 de mayo «se llevarán a cabo en un contexto de crisis política y descontento social, con múltiples denuncias de irregularidades y restricciones a la participación de partidos opositores».
Diversas organizaciones y movimientos políticos han cuestionado la legitimidad del proceso, señalando la intervención de instituciones estatales para favorecer al oficialismo y limitar la competencia electoral.
