La Fundación Arcadia comenzó en Washington una acción jurídica para impedir que los recursos pertenecientes al Estado venezolano sean utilizados para costear la defensa penal privada del mandatario Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores en Estados Unidos.
«La iniciativa, presentada ante el Departamento del Tesoro y llevada también al despacho del secretario de Estado, Marco Rubio, sitúa al Gobierno estadounidense frente a una interrogante que ya no puede permanecer atrapada en la opacidad administrativa: si fondos soberanos venezolanos, sometidos a custodia y control para fines públicos, pueden ser convertidos en fuente de pago para los abogados de dos personas vinculadas a procesos penales de máxima gravedad», señaló la organización en su portal web.
Arcadia presentó una petición formal ante la autoridad del Tesoro responsable de administrar sanciones y remitió una comunicación al Departamento de Estado para que se pronuncie sobre el fondo. «La organización sostiene que, si determinados recursos venezolanos se encuentran protegidos por un régimen especial de custodia en Estados Unidos y reservados para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos, no pueden ser desviados administrativamente hacia una defensa privada sin una determinación expresa, escrita y jurídicamente sostenible del secretario de Estado».
Una cosa, alega, «es que un acusado tenga derecho a defenderse; otra, radicalmente distinta, es que recursos de una nación, derivados de su patrimonio soberano y de sus ingresos públicos, terminen sufragando la defensa particular de quienes ejercieron poder en nombre de ese mismo Estado». Entonces «habría que explicar por qué ese mismo razonamiento no alcanzaría a otros funcionarios, militares, agentes o representantes del aparato estatal venezolano sometidos a procesos penales dentro de Estados Unidos o fuera del país».
