El presidente de la ONG señaló que menos de la mitad de los beneficiarios del decreto presidencial eran personas privadas de libertad que se consideraban presos políticos
Venezuela tiene 333 personas privadas de libertad por razones políticas, pese a los 50 presos liberados la pasada semana por los indultos otorgados por el presidente Nicolás Maduro, aseguró este lunes la organización no gubernamental Foro Penal.
El «número actual de presos políticos es 333 personas (…) solo el 13 % de los presos políticos fueron liberados con estos indultos», dijo en una rueda de prensa el director de la ONG, Alfredo Romero.
El abogado explicó que, aunque el Ejecutivo anunció 110 medidas de gracia a las que dominó «indultos», menos de la mitad de los beneficiarios mencionados en el decreto presidencial eran personas privadas de libertad que se consideraban presos políticos ,mientras que un caso se trataba de alguien que estaba detenido por delitos comunes.
La ONG, que ha venido hablando de 50 presos liberados desde el pasado lunes, hoy dio la cifra de 53, sin precisar cómo y por qué se incrementó el número inicial.
Asimismo, otros 24 supuestos indultados ya habían sido excarcelados, pero tenían procesos judiciales abiertos, algo que, a juicio de Romero, se debe sobreseer desde que se oficializó este decreto firmado el pasado 31 de agosto.
Del resto de los mencionados, seis «no tenían ningún proceso pendiente» con la Justicia y «26 eran investigados por razones políticas pero no tenían proceso abierto», entre ellos varios diputados opositores que están exiliados, en la clandestinidad o protegidos en sedes diplomáticas.
El director del Foro Penal insistió en que el decreto significa la extinción de cualquier proceso judicial existente contra estas 110 personas y cree que los motivos detrás de estas medidas son meramente políticos, pues aseguró, existen más casos de personas «injustamente encarceladas» que continúan tras las rejas.
Venezuela tiene «el número más alto de presos políticos en América», remarcó.
«Fue muy duro»
Antonia Turbay, una de las cuatro personas indultadas que cuentan con ciudadanía española, dijo en rueda de prensa que sus 14 meses en prisión constituyen un episodio «muy duro» de su vida por el que hoy siente que su salud «está comprometida».
Llorando, la abogada, de 67 años, cree que superar esta experiencia «tomará tiempo», sobre todo «psicológicamente».
Sobre sus días en la celda, explicó que los carceleros siempre mostraron «mucha consideración» hacia ella por ser la mayor de las detenidas en su pasillo.
Turbay cuenta además que, en los últimos meses había adoptado una postura más «rebelde» y «contestataria». Exigía frecuentemente a los celadores que la pusieran en libertad, al argumentar que contaba desde el 27 de julio de 2019 con una boleta de excarcelación que no se materializó hasta el indulto presidencial.
