La agrupación señala que más allá de si es pertinente la realización de un Referéndum Revocatorio, la decisión del ente electoral lesiona los derechos “de quienes legítimamente promueven esta iniciativa”

Por atentar contra la confianza que debe generar el Consejo Nacional Electoral en la población, el Foro Cívico cuestiona la decisión del ente electoral de convocar la recolección de firmas de manera apresurada.

Señalan en un comunicado público que acciones de este tenor “dinamitan la confianza ciudadana en el voto. La opción para la resolución del conflicto venezolano por la ruta electoral, y que contó con una importante participación ciudadana durante los actos comiciales del 21 de noviembre de 2021 y el 9 de enero de 2022, exige el respeto irrestricto a las normas, los derechos ciudadanos y los principios democráticos”.

Señalan que el Poder Electoral debe cumplir su rol de defensor de los derechos políticos de la venezolanos y por ello debe asumir su papel “como poder autónomo del Estado, manteniéndose al margen de la influencia de intereses particulares”.

Aquí el comunicado del Foro Cívico

Desde el Foro Cívico, rechazamos el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, tras una decisión dividida del directorio, aprobó el viernes 21 de enero un cronograma que hace imposible el cumplimiento de la etapa de recolección de firmas para la activación del Referendo Revocatorio, de acuerdo a lo previsto en la constitución venezolana.

Con el voto salvado de los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, el CNE decidió establecer como fecha para la recolección de las más de cuatro millones de manifestaciones de voluntad que requeriría la activación de dicho mecanismo, el próximo 26 de enero, entre las 6:00 am y las 6 pm, en sólo 1.200 centros de recolección. Dichas condiciones requerirían que cada centro atendiera a unos cinco electores por minuto, lo que resulta materialmente imposible. La decisión del CNE adolece además de la implementación de otras garantías electorales, tales como el tiempo necesario para notificar al electorado, la realización de las auditorías básicas del sistema y la implementación de las normas de bioseguridad.

Al margen de lo que se opine sobre la deseabilidad o conveniencia de la activación del referendo revocatorio, la decisión del CNE no sólo lesiona los derechos ciudadanos de quienes legítimamente promueven esta iniciativa, sino que afecta la propia credibilidad del CNE, poniendo así en peligro los avances logrados en 2021 en materia de fortalecimiento de la institucionalidad electoral.

El nombramiento de un nuevo CNE, en mayo de 2021, con presencia en el directorio de rectores independientes, constituyó un paso importante en el camino de la reconstrucción de la institucionalidad democrática en Venezuela.

Acciones como la anunciada por el CNE dinamitan la confianza ciudadana en el voto. La opción para la resolución del conflicto venezolano por la ruta electoral, y que contó con una importante participación ciudadana durante los actos comiciales del 21 de noviembre de 2021 y el 9 de enero de 2022, exige el respeto irrestricto a las normas, los derechos ciudadanos y los principios democráticos.

El poder electoral tiene un rol esencial en la defensa de los derechos políticos de los venezolanos y la construcción del camino del entendimiento nacional y la superación de la crisis política, económica y social que atraviesa el país. Con esa convicción, exigimos al CNE asumir su papel como poder autónomo del Estado, manteniéndose al margen de la influencia de intereses particulares y avanzando pasos en el fortalecimiento institucional en Venezuela.

Caracas, 25 de enero de 2022